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RESUMEN
La justicia federal estadounidense presentó cargos contra el expresidente cubano por un incidente ocurrido en 1996 en el que murieron cuatro personas. La Habana rechazó la acusación y la calificó de acción política.
Washington.– El Gobierno de Estados Unidos elevó este miércoles la presión sobre Cuba tras conocerse una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un incidente que provocó la muerte de cuatro personas.
La acusación fue presentada por un gran jurado federal en Miami y atribuye a Castro participación en la decisión que culminó con la destrucción de las aeronaves en espacio aéreo cercano a Cuba. Según las autoridades estadounidenses, el entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias habría desempeñado un papel clave en la operación militar que terminó con el derribo de los aviones.
El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate cubanos derribaron dos aeronaves de la organización con sede en Miami. Washington sostiene desde entonces que las aeronaves se encontraban en espacio aéreo internacional, mientras que Cuba ha argumentado históricamente que las incursiones representaban una provocación y una violación de su soberanía.
La decisión judicial representa uno de los movimientos más significativos emprendidos por Estados Unidos contra una figura de la dirigencia histórica cubana. Aunque expertos consideran improbable que Castro comparezca ante un tribunal estadounidense debido a que reside en Cuba y se encuentra fuera de la jurisdicción de Washington, la acusación posee una fuerte carga política y diplomática.
Las autoridades cubanas reaccionaron de inmediato rechazando los cargos y calificándolos como una maniobra de carácter político. La Habana sostuvo que la medida forma parte de la estrategia de presión impulsada por la administración del presidente Donald Trump y acusó a Washington de utilizar el sistema judicial con fines geopolíticos.
El episodio se produce en un contexto de creciente deterioro de las relaciones entre ambos países. Durante los últimos meses, las tensiones han aumentado por diferencias en materia de sanciones económicas, seguridad regional, migración y cooperación bilateral.
Analistas internacionales consideran que la acusación podría generar nuevas fricciones diplomáticas y dificultar aún más cualquier posibilidad de acercamiento entre Washington y La Habana en el corto plazo.
A pesar de que el proceso judicial enfrenta importantes obstáculos prácticos, el caso vuelve a colocar en el centro del debate uno de los episodios más controvertidos de la relación entre Estados Unidos y Cuba durante las últimas décadas y reabre una disputa histórica que continúa teniendo repercusiones políticas treinta años después de ocurridos los hechos.
