Analizando noticia con IA…espere un momento
RESUMEN
La jueza Altagracia Ramírez concluyó que las pruebas presentadas contra varios imputados no eran suficientes para sustentar una apertura a juicio, mientras otros acusados deberán enfrentar el proceso en un tribunal de fondo.
Santo Domingo. El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta dentro del proceso judicial conocido como caso Calamar, al considerar insuficientes los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público para enviarlos a juicio de fondo.
La decisión fue adoptada por la jueza Altagracia Ramírez durante la lectura del fallo de la audiencia preliminar, una etapa en la que el tribunal evalúa si existen pruebas suficientes para sustentar una acusación en un juicio. Según la magistrada, las evidencias presentadas no permitieron establecer los elementos requeridos para justificar la apertura de un proceso penal contra los exfuncionarios.
En contraste, el tribunal ordenó la apertura a juicio de fondo contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros imputados vinculados al expediente, entre ellos Ángel Lockward, Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán y Luis Miguel Picciril.
El Ministerio Público sostiene que los acusados formaban parte de una presunta estructura que habría gestionado pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, en un esquema que supuestamente involucró miles de millones de pesos del Estado.
Con la decisión, Castillo y Peralta quedan fuera del proceso judicial en esta etapa, aunque el fallo todavía puede ser objeto de recursos por parte del órgano acusador. De hecho, representantes del Ministerio Público adelantaron que apelarán los autos de no ha lugar emitidos por el tribunal.
El caso Calamar ha sido considerado uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa de mayor alcance conocidos en los últimos años en la República Dominicana, involucrando a exfuncionarios y particulares vinculados a la pasada administración gubernamental.
La resolución marca el cierre de una etapa clave del proceso y abre el camino para que los imputados enviados a juicio enfrenten una nueva fase judicial, en la que un tribunal de fondo deberá determinar la existencia o no de responsabilidades penales.
