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RESUMEN
SANTO DOMINGO — El tablero de la opinión pública y los sondeos políticos en la República Dominicana respira con intermitencia. El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ha decidido pulsar el botón de pausa y frenar de manera temporal la aplicación del polémico reglamento que prohibía la publicación de encuestas electorales antes del inicio de la precampaña, fijada para el primer domingo de julio del próximo año (2027).
La medida, contenida en un documento oficial avalado por la Secretaría General el pasado 18 de junio, busca curarse en salud mientras el Tribunal Superior Electoral (TSE) emite su sentencia definitiva sobre los recursos de inconstitucionalidad y las objeciones formales depositadas por diversos actores de la sociedad civil.
Presiones y cuestionamientos al árbitro
El blindaje normativo que la JCE había puesto en marcha el pasado 22 de mayo comenzó a tambalearse ante la ofensiva de distintos sectores. Voces de peso institucional como Participación Ciudadana —que exigió revocar el candado que impedía realizar estudios fuera de los periodos proselitistas— y figuras del sector comunicación, como Danny Alcántara desde ACD Media, advirtieron al órgano comicial que la disposición excedía las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral (20-23) y la Ley de Partidos (33-18), además de colisionar frontalmente con derechos consagrados en la Carta Magna.
La línea roja: Uso interno sí, difusión pública no
A pesar del freno temporal, la JCE mantiene una zona de demarcación estricta para los partidos políticos y los aspirantes a puestos electivos. Las organizaciones conservan la potestad de financiar y ejecutar mediciones internas con fines estratégicos; sin embargo, el árbitro electoral advirtió que estos sondeos no podrán hacerse públicos bajo ningún concepto antes de la fecha señalada de julio de 2027.
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La advertencia no es simbólica. Aquellas firmas encuestadoras, partidos o candidatos que violen el veto se exponen a un régimen de consecuencias severo gestionado por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales de la JCE, el cual contempla:
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Suspensión temporal del registro de la encuestadora por un período de seis meses a un año.
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Cancelación definitiva del registro ante casos de reincidencia.
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Sanciones económicas y operativas específicas para los sondeos de boca de urna (exit polls) que amenacen el secreto del voto, incluyendo multas de uno a doscientos salarios mínimos en caso de incumplir con el plazo de notificación previa de ocho días antes de los comicios.
Con este compás de espera, el árbitro electoral traslada la pelota a la cancha del TSE, dejando en el aire la certeza de si el mercado de la opinión pública quedará liberado o si el candado restrictivo volverá a cerrarse sobre los sondeos dominicanos.
