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RESUMEN
La expansión de loterías, bancas deportivas y otros juegos de azar convierte la esperanza de salir de la pobreza en un negocio que extrae diariamente recursos de hogares de bajos ingresos
Santo Domingo. En algunos de los barrios más pobres de la República Dominicana puede resultar más fácil encontrar una banca de lotería que una farmacia, una biblioteca o una sucursal bancaria. En calles comerciales, esquinas, colmados y zonas residenciales, el juego se ha convertido en parte habitual del paisaje urbano y en una actividad que mueve dinero diariamente desde los bolsillos de miles de familias hacia una industria cuya verdadera dimensión el propio Estado todavía intenta ordenar.
El fenómeno adquiere especial relevancia porque las apuestas no venden únicamente números. En los sectores de menores ingresos venden algo mucho más poderoso: la posibilidad de cambiar de vida de un día para otro.
Para una familia con ingresos limitados, RD$50 o RD$100 pueden parecer una cantidad pequeña. Pero cuando la apuesta se convierte en una práctica cotidiana, ese dinero deja de destinarse a alimentación, transporte, medicamentos, educación o ahorro.
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La dimensión del negocio resulta difícil de establecer con precisión debido a los problemas de informalidad y registro existentes en el sector. El propio Gobierno reconoció en abril de 2026 la existencia de un elevado volumen de solicitudes pendientes y reactivó mediante el Decreto 197-26 el Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y demás operadores de juegos de azar.
Los registros tributarios permiten observar, sin embargo, la enorme penetración de esta actividad. Un informe de la Dirección General de Impuestos Internos correspondiente a 2024 registra 259,623 unidades bajo el concepto de bancas de lotería y 14,393 de bancas deportivas. La cifra no debe confundirse necesariamente con igual número de establecimientos físicos únicos, debido a la metodología de los registros tributarios, pero revela la magnitud alcanzada por el sistema de apuestas.
Solo por impuestos vinculados a los juegos de azar, el Estado recaudó RD$3,992.5 millones durante 2024. De esa cantidad, RD$1,636 millones correspondieron al impuesto específico sobre bancas de lotería y deportivas.
El impuesto invisible de la pobreza
El problema trasciende la existencia de las bancas legales o ilegales.
En los sectores populares, jugar puede convertirse en una especie de impuesto voluntario sobre la esperanza. Quien tiene pocas posibilidades de incrementar sus ingresos mediante el empleo, el ahorro o la inversión encuentra en un número de lotería la ilusión de alcanzar en horas lo que probablemente necesitaría décadas para conseguir trabajando.
Pero las probabilidades están estructuradas para que el negocio sea rentable para quien organiza el juego, no para quien apuesta.
La consecuencia es una transferencia constante de pequeñas cantidades de dinero. Individualmente pueden parecer insignificantes. Acumuladas durante meses y multiplicadas por miles de jugadores representan recursos que desaparecen del presupuesto familiar.
El impacto puede ser especialmente grave cuando el jugador intenta recuperar lo perdido aumentando las apuestas.
Especialistas en salud mental han advertido que la ludopatía puede afectar no solamente al jugador, sino también la economía familiar y la estabilidad de su entorno. Psicólogos consultados por Diario Libre en diciembre de 2025 señalaron que el problema aparece cuando el juego deja de ser entretenimiento y se transforma en una vía de escape emocional.
La presencia de las bancas llega incluso a espacios donde las propias normas intentan restringirlas.
Una investigación publicada en abril de este año encontró bancas funcionando en las proximidades de centros educativos, pese a que la Resolución 104-10 prohíbe su instalación a menos de 200 metros de escuelas, colegios, estancias infantiles, iglesias y hospitales. En algunos lugares fueron identificados hasta tres establecimientos próximos a centros escolares.
Un problema social, no solamente fiscal
Durante años, la discusión pública alrededor de las bancas se ha concentrado en licencias, impuestos, regularización y establecimientos ilegales. Pero existe otra discusión pendiente: cuánto le cuesta socialmente al país la extraordinaria penetración del juego entre su población.
Porque una banca puede pagar impuestos y funcionar legalmente y, aun así, formar parte de un fenómeno social que merece atención.
El Estado obtiene ingresos fiscales del juego, los propietarios obtienen beneficios y algunos jugadores reciben premios. Pero estadísticamente el sistema solo puede sostenerse porque la mayoría de quienes participan pierde más dinero del que recibe.
Esa realidad adquiere una dimensión distinta cuando la actividad se concentra en comunidades donde cada peso tiene mayor importancia para el presupuesto familiar.
La República Dominicana enfrenta entonces una contradicción: mientras desarrolla programas sociales destinados a mejorar los ingresos de las familias vulnerables, permite simultáneamente una extraordinaria penetración territorial de negocios cuya rentabilidad depende del dinero que esas mismas familias deciden apostar.
Regularizar las bancas es necesario. Cobrarles impuestos también.
Pero eso no basta.
El debate que el país todavía no ha enfrentado con suficiente profundidad es si debe existir un límite a la concentración de establecimientos de apuestas, mayores restricciones a su publicidad, controles efectivos alrededor de las escuelas, campañas permanentes contra la ludopatía y políticas específicas para impedir que el juego continúe convirtiéndose en una falsa puerta de salida para quienes menos tienen.
En los barrios pobres, la banca no vende solamente un número. Vende la esperanza de escapar de la pobreza. Y precisamente por eso, quienes menos tienen pueden terminar pagando el precio más alto.
