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RESUMEN
La eliminación de los gravámenes especiales a las importaciones desde EE. UU. expone a los cultivadores locales a un mercado abierto y más competitivo.
Santo Domingo, R.D. Las Primicias— La reciente decisión del Poder Ejecutivo de derogar el decreto que imponía aranceles a las importaciones de arroz procedente de los Estados Unidos marca un punto de inflexión para el campo dominicano. Aunque la medida responde a negociaciones comerciales bilaterales y a los compromisos del acuerdo DR-CAFTA, en las zonas arroceras se percibe una creciente inquietud sobre las condiciones en que competirán a partir de ahora los productores locales.
El decreto revocado contemplaba un gravamen escalonado fuera de cuota para regular el ingreso del cereal foráneo. Al quedar sin efecto este instrumento arancelario, el subsector queda expuesto a dinámicas de mercado abierto en momentos en que la estructura de costos interna presenta diferencias marcadas con los grandes exportadores internacionales.
¿Cómo incide esta decisión en el productor local?
El impacto para las fincas y parceleros no se limita a un cambio técnico en aduanas; afecta directamente la viabilidad operativa y financiera de la actividad agrícola:
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Desventaja frente a costos y subsidios: Los productores en Estados Unidos operan con esquemas de tecnificación a gran escala y apoyos económicos institucionales (como la Ley Agrícola estadounidense). Por el contrario, los agricultores dominicanos asumen costos elevados en insumos clave: fertilizantes, combustibles, energía para bombeo de agua y preparación de terrenos.
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Presión a la baja en el precio al productor: Ante la posibilidad de que factorías e importadores adquieran arroz internacional libre de aranceles a menor costo, el precio pagado por el quintal en finca corre el riesgo de deprimirse, reduciendo el margen de ganancia o imposibilitando la recuperación del capital invertido en la siembra.
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Acceso a crédito y solvencia: Gran parte de la siembra arrocera nacional se sostiene mediante préstamos en la banca formal y comercial. Una baja en la rentabilidad de las cosechas debilita la capacidad de pago de los parceleros y encarece el financiamiento para futuros ciclos agrícolas.
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Efecto multiplicador en las comunidades rurales: El cultivo de arroz abarca más de 21 provincias y genera decenas de miles de empleos en mano de obra agrícola, transporte, almacenamiento y molienda. La pérdida de dinamismo en las cosechas afecta de inmediato al comercio local de las zonas arroceras del Cibao Central, el Bajo Yuna y la Línea Noroeste.
La necesidad de mecanismos de compensación
A pesar del escenario de incertidumbre, tanto el Gobierno como las asociaciones arroceras coinciden en que la producción local cuenta con fortalezas: una alta preferencia del consumidor por las variedades criollas y niveles de autosuficiencia que abastecen la mayor parte de la demanda interna.
El debate se centra ahora en la celeridad con que se aplicarán medidas de respaldo no arancelarias. Para amortiguar el impacto, los sectores productivos señalan que se requerirá fortalecer los programas de mecanización, subsidios directos a insumos estratégicos, acceso preferencial al crédito del Banco Agrícola y garantías de compra estatal, de modo que el agricultor dominicano pueda competir en condiciones de mayor equidad frente al grano importado.
