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RESUMEN
SANTO DOMINGO. — Una tensa calma matizada por un amplio despliegue policíaco-militar se vive en importantes comunidades de la región del Cibao, luego de que organizaciones populares iniciaran jornadas de paro por 48 horas en demanda de obras sociales, mejores servicios básicos y soluciones ante el alto costo de la vida. Las protestas han dejado prácticamente paralizadas las actividades cotidianas en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, donde se reporta el cierre casi total del comercio, la suspensión de la docencia y el cese del transporte público.
En San Francisco de Macorís, la convocatoria impulsada por colectivos comunitarios logró desactivar por completo la dinámica habitual del municipio cabecera. José Mercado, vocero de las organizaciones convocantes, confirmó que las aulas de escuelas y colegios privados permanecieron vacías, mientras que las unidades del transporte no salieron a laborar debido al incremento desmedido en los precios de los combustibles. Los comerciantes de la demarcación también bajaron sus persianas, agobiados por tandas constantes de apagones que ponen en riesgo la conservación de mercancías refrigeradas pese al pago de elevadas facturas eléctricas.
Las demandas en la provincia Duarte abarcan carencias históricas que los comunitarios consideran insostenibles. Entre los principales reclamos figuran el suministro regular de agua potable, el asfaltado de calles, la edificación de aceras y contenes, y el rescate definitivo del mercado municipal, el cual continúa en condiciones deplorables de suciedad y escombros tras el incendio que lo devastó un año atrás. Del mismo modo, exigen la culminación de infraestructuras comunitarias abandonadas, como el salón comunal Mamá Tingó, cuyos trabajos llevan dos años completamente paralizados.
La situación no es distinta en Salcedo, donde la Coalición de Movimientos Populares reportó un acatamiento comercial superior al noventa por ciento. Sin embargo, en esta localidad la jornada estuvo marcada por momentos de violencia y alarma vecinal, producto de bloqueos de vías, detonaciones y el uso indiscriminado de gases lacrimógenos por parte de los cuerpos del orden. Héctor Bloise, portavoz de la coalición en Salcedo, lamentó que las bombas químicas alcanzaran zonas habitacionales vulnerables, afectando a infantes y ancianos en sectores donde la huelga se convocó bajo consignas pacíficas.
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En la provincia Hermanas Mirabal los reclamos se centran en el deterioro del drenaje cloacal, el vertido de residuos contaminantes al río y las fallas críticas en la recogida de desechos. Los manifestantes exigen también el reinicio de los trabajos en la carretera de Palmarito, frenados por deudas estatales con los contratistas, y la edificación del puente de La Caoba, una promesa que lleva más de un lustro estancada desde su primer picazo.
Frente a la fuerte presencia de contingentes armados patrullando las calles cibaenas, los dirigentes comunitarios cuestionaron el cuantioso gasto gubernamental en operativos de seguridad y represión, insistiendo en que dichos fondos debieron destinarse de forma prioritaria a responder a las urgencias viales y sanitarias que hoy mantienen a la región en pie de lucha.
