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RESUMEN
Para el 31 de octubre estaba previsto en Guatemala un Congreso ciudadano convocado por Poder Ciudadano, una asociación civil que reunió más de 16.500 firmas para impulsar un cambio en la elección de magistrados en ese país. Sus organizadores afirman que, tras esa campaña para reformar el sistema de justicia guatemalteco, han recibido amenazas de muerte.
“Un mensaje muy alarmante a toda la sociedad guatemalteca”
El líder de esa organización, el abogado Édgar Ortiz, dijo que sigue en evaluación qué medidas de seguridad adoptar. “Estamos evaluando muy de cerca las medidas de seguridad que debemos tomar. Particularmente, mi esposa y yo. Entonces no hemos todavía decidido organizar eventos públicos en el futuro cercano”, explica.
Su inquietud aumentó luego del asesinato, hace dos semanas, del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa. “Además de la tragedia humana que supone este asesinato, creo que enciende las alarmas para muchos de nosotros que tenemos una presencia pública y que tenemos enemigos en el crimen organizado por las propuestas que hacemos, de que esto sea un patrón de un regreso a la violencia, a la violencia política. Entonces, no cabe duda que su asesinato mandó un mensaje muy alarmante a toda la sociedad guatemalteca”, afirma.
Una preocupación similar expresó el también abogado Jordán Rodas, exprocurador de Derechos Humanos y actualmente en el exilio, cercano a Solórzano. “Cuando yo fui vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios del 2015 al 2017, me tocó el honor de juramentarlo y ambos coincidimos en la función pública, yo como procurador, y él como superintendente de Administración Tributaria hizo un trabajo muy importante en hacer pagar a un grupo de empresarios que se habían caracterizado en no querer pagar, en evadir impuestos, en eludirlos. Llegó incluso a intervenir establecimientos importantes”, cuenta.
“Falta de confianza” en las instituciones de seguridad
Ortiz y Rodas sostienen que los fallos en el esquema de seguridad del exfiscal, que estaba a cargo de la policía, tendrán impacto en la credibilidad de esa institución.
“Sí, sin duda alguna. De hecho, todos los esquemas de seguridad hemos tenido que buscarlos de manera privada. Sí se nos ofreció seguridad pública, pero hemos preferido no aceptarla. Precisamente por esta falta de confianza que hay en las instituciones de seguridad”, comenta Ortiz.
Rodas, por su parte, recordó: “Incluso implantaron pruebas en dos personas, las cuales afortunadamente al día siguiente fueron declaradas en libertad por falta de mérito. Eso hay que reconocer también que el Ministerio Público tuvo una actuación objetiva, porque en el tiempo de Consuelo Porras seguramente estarían guardando prisión. Este caso es uno de los más emblemáticos que tiene para investigar el Ministerio Público y que no quede impune”, recalca.
Por este caso, el martes, el presidente Bernardo Arévalo, que terminará su mandato el próximo año, destituyó la cúpula de la policía nacional.
