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RESUMEN
SANTO DOMINGO.— El Poder Ejecutivo sometió al Senado un proyecto de ley que autorizaría al Estado a firmar contratos de entre cinco y 40 años con empresas privadas para construir, administrar y operar obras y bienes públicos.
La propuesta señala que el tiempo de cada concesión dependerá de la inversión realizada, del plazo previsto para recuperarla y del interés general. Además, establece que las empresas asumirán los riesgos de los proyectos, sin garantías estatales de rentabilidad.
El texto también define reglas para la selección de contratistas, la supervisión de las obras y la fijación de tarifas por los servicios. Cualquier modificación de precios deberá contar con justificación técnica y financiera, así como con la aprobación del Consejo Nacional de Concesiones.
La iniciativa permitiría que personas y empresas, nacionales o extranjeras, presenten proyectos de interés público que no requieran aportes económicos del Gobierno. Las autoridades tendrían un plazo de hasta seis meses para evaluar cada propuesta.
Si bien los contratos podrían extenderse por cuatro décadas, el proyecto excluye las renovaciones automáticas. Las prórrogas solo procederían por causas justificadas y no podrían superar, en conjunto, el 50 % del plazo original.
La propuesta incorpora multas de cinco a 500 salarios mínimos del sector público para las infracciones. En los casos de fraude o de beneficios económicos indebidos, las sanciones podrían ascender al doble del beneficio obtenido o del daño causado.
Entre las faltas más graves se incluyen los sobornos, los acuerdos ilegales entre participantes y el uso indebido de información privilegiada.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, explicó que la iniciativa será enviada a una comisión para su estudio en la próxima sesión legislativa.
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