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RESUMEN
El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional confirmó otra vez la prisión preventiva contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, imputado de integrar la red de corrupción que, según el expediente, sustrajo miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa) mediante autorizaciones irregulares de servicios médicos.
La resolución fue emitida el viernes por el juez Raymundo Mejía, a petición del Ministerio Público, que sostuvo que no han cambiado los presupuestos que dieron origen a la medida de coerción.
El fiscal litigante Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, indicó que la decisión se fundamenta en la gravedad de los hechos investigados y en que continúan vigentes las condiciones que justifican que el imputado permanezca privado de libertad.
"Esta decisión es importante porque se considera que el caso todavía guarda una gravedad y todavía se mantienen las condiciones que dieron lugar a que este imputado se encuentre en prisión preventiva", expresó Ramírez a los periodistas a la salida del tribunal.
El magistrado dispuso además que la próxima revisión obligatoria de la medida se realice dentro de tres meses.
Vinculación con autorizaciones médicas irregulares
Guzmán Vásquez fue arrestado a finales de abril por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se desempeñó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2022, fecha en que intentó salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin boleto de retorno.
Al imputado se le atribuye participación en autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas especializadas, dentro de un esquema que, de acuerdo con las investigaciones, empleaba distintas modalidades fraudulentas para obtener pagos por encima de los montos legalmente establecidos.
Por este caso se le impuso inicialmente prisión preventiva por 18 meses, medida que luego fue confirmada en julio.
En el marco de la Operación Cobra, el Ministerio Público investiga solicitudes fraudulentas de servicios médicos realizadas entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025.
Según el expediente, las irregularidades abarcan 4,363 solicitudes de cirugía menor ambulatoria y consultas especializadas, con un monto acumulado de RD$41,125,551.02.
Otros imputados bajo medidas de coerción
La investigación se amplió en septiembre pasado con la puesta en marcha de la Operación Cobra 2.0, mediante la cual las autoridades judicializaron a otros implicados, entre ellos personal médico y personas vinculadas a la estructura investigada.
En ese proceso, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva a varios imputados, mientras que a otros les fueron dictados arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Entre quienes cumplen prisión preventiva figuran Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
También fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista.
A otros procesados se les impusieron medidas menos gravosas, como arresto domiciliario, presentación periódica, garantías económicas de entre uno y tres millones de pesos e impedimento de salida del territorio nacional.
Investigación por desfalco y lavado de activos
El expediente de la Operación Cobra incluye al exdirector ejecutivo de Senasa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez, entre otros.
El Ministerio Público les atribuye presuntos delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos.
De acuerdo con el órgano acusador, las investigaciones han reunido evidencias de presuntos sobornos a gran escala, alteraciones de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico que habrían sido utilizados para desviar recursos públicos.
La acusación plantea que el esquema operaba con la colaboración de funcionarios de Senasa y prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Con la judicialización del caso, el Ministerio Público busca que los responsables reciban sanciones penales y que se ordene el decomiso de los recursos que, según la investigación, fueron sustraídos al Estado.
Operación Onco14 amplía las investigaciones
Dentro de las líneas de investigación vinculadas al presunto entramado de corrupción, el Ministerio Público ejecutó en junio la Operación Onco14, que terminó con el arresto de tres personas señaladas por supuestas maniobras fraudulentas contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Entre los detenidos figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del patronato y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Las autoridades sostienen que la estructura habría usado el patronato para obtener beneficios económicos irregulares, con afectación para la institución, pacientes con cáncer y el Senasa.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez tiene arresto domiciliario.
Ambas investigaciones forman parte de las acciones del Ministerio Público para perseguir presuntas estructuras de corrupción que habrían desviado fondos públicos destinados a servicios de salud.
