ESCALADA EN COMBUSTIBLES, TARIFA ELÉCTRICA, VIVIENDA Y COMIDA ASFIXIA A FAMILIAS DOMINICANAS

SANTO DOMINGO. — Una combinación de incrementos sostenidos en servicios esenciales y bienes de primera necesidad amenaza severamente el poder adquisitivo y la calidad de vida de las familias en la República Dominicana. El encarecimiento acumulado en los precios de los combustibles, las presiones tarifarias en el sector eléctrico, el alza desproporcionada en los alquileres habitacionales y el costo ascendente de la canasta básica alimentaria configuran un escenario de asfixia económica que golpea con mayor rigor a la clase media y a los estratos de menores ingresos.

El impacto de los hidrocarburos opera como el principal detonante inflacionario transversal. Con alzas acumuladas que en lo que va de año superan decenas de pesos en las gasolinas y el gasoil, el transporte colectivo de pasajeros y la logística de distribución de mercancías han encarecido de manera inmediata toda la cadena de suministros. A esta realidad se suma la carga de la factura eléctrica, donde el costo del kilovatio-hora y los ajustes por factores externos continúan drenando los presupuestos de los hogares y de los pequeños comercios, que dependen del fluido constante para operar.

En los principales centros urbanos del país, particularmente en el Gran Santo Domingo y Santiago, el renglón vivienda se ha transformado en una carga casi insostenible. La especulación inmobiliaria, la escasez de oferta accesible y la indexación constante en los contratos de arrendamiento obligan a los asalariados a destinar entre el 40% y el 60% de sus ingresos netos únicamente para mantener un techo, limitando de forma crítica los recursos disponibles para salud, educación o imprevistos familiares.

El golpe de gracia lo reciben los hogares en los supermercados, mercados y colmados. Productos de consumo masivo como el arroz, las habichuelas, el pollo, los víveres y los aceites registran variaciones al alza que distancian el costo real de la canasta familiar —que ya bordea los RD$ 50,000 mensuales en el promedio nacional— de los salarios mínimos y medios devengados por la fuerza laboral. Esta brecha estructural reduce las porciones en la mesa dominicana y deteriora los niveles nutricionales de la población.

Sectores sociales, gremios sindicales y entidades comunitarias advierten que este estrangulamiento económico amenaza la paz social y demanda una revisión urgente de las políticas de subsidios, un control riguroso de la intermediación comercial y medidas de alivio tributario efectivas que frenen el deterioro sistemático del bienestar ciudadano.