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RESUMEN
El Ministerio Público dispone de un mes para presentar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, el empresario Eduardo Read Estrella y otros ocho imputados arrestados en diciembre del año pasado por un presunto fraude de casi 16,000 millones de pesos contra esa administradora estatal de riesgos de salud.
Cuando se impusieron las medidas de coerción a este primer grupo, el 14 de diciembre del 2025, el juez de Atención Permanente concedió ocho meses al órgano acusador para completar sus conclusiones investigativas. Más tarde, los fiscales pidieron una prórroga de cuatro meses más, cuyo vencimiento está previsto para mediados de diciembre de este año.
Aun así, en casos de corrupción administrativa suele ocurrir que el Ministerio Público agote el plazo reglamentario hasta que el tribunal lo intime y le otorgue 15 días adicionales para depositar el requerimiento conclusivo.
Ese mismo procedimiento ha ocurrido en otros expedientes de malversación de alto perfil, como los que involucran a los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez y al exprocurador general Jean Alain Rodríguez.
Plazos fatales
Si no se cumple la segunda prórroga, el juez ordenaría el archivo del expediente, con lo cual quedaría concluido de forma definitiva el proceso penal contra el exfuncionario y los demás imputados.
A Santiago Hazim y a los también exfuncionarios del Senasa Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez se les atribuye haber creado «programas especiales sin el debido sustento técnico ni financiero, los cuales fueron utilizados como un conducto para recibir sumas millonarias en sobornos«.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, los sobornos cobrados a empresas, sin que estas «cumplir con las obligaciones contractuales», ascendían hasta un 30 por ciento.
Además, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca) los acusa de someter a afiliados de la ARS a procedimientos de alto riesgo que ponían en peligro sus vidas y que no necesitaban.
Entre los presuntos empresarios favorecidos con las contrataciones cuestionadas, además de Eduardo Read Estrella, figuran Heidi Mariela Pineda Perdomo, Cinty Acosta Sención y Ramón Alan Speakler Mateo, también sometidos a la justicia.
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La contratación de servicios privados impactó los hospitales públicos en sus presupuestos, como resultado de la «privatización fraudulenta de los servicios de Atención Primaria de Salud«.
La Pepca y la Dirección de Persecución sostienen que el soborno pagado por los suplidores incluyó la intervención del empresario Jhonny Morales, quien «recibió 95 millones» a favor de Cinty Acosta. Morales estuvo detenido hace varios años por el caso de corrupción del Plan Renove y que afectó al erario con casi dos mil millones de pesos.
Los otros dos grupos señalados
En los últimos meses, el Ministerio Público ha puesto en marcha nuevas operaciones para desmantelar otras redes de fraude al Senasa, que han derivado en más arrestos y nuevos expedientes.
Una de esas estructuras es la denominada Operación Onco14, que atribuye a sus imputados el presunto desvío de 148,660,116 entre 2018 y 2025 desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
En ese expediente fueron sometidas inicialmente tres personas: Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez. La Pepca y la Dirección de Persecución afirman que la ARS estatal fue afectada con 3,700 millones.
También fue sometido un tercer grupo integrado por 26 imputados, entre ellos 22 médicos, todos con medidas de coerción, incluida la prisión. El expediente consigna 4,363 autorizaciones para consultas y procedimientos que, según la Pepca, nunca se realizaron, por 41,125,551.02 entre enero de 2021 y febrero de 2025.
En este último caso, se señala a Ángel Luis Guzmán Vásquez, exempleado del Senasa, como presunto líder de la red.
