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RESUMEN
En Venezuela, entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre se movieron varias piezas clave: la dirigente opositora María Corina Machado regresó al país tras casi diez meses en el exilio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez designó como canciller a Oliver Blanco, un político formado en la oposición, y cuatro días después el secretario de Estado Marco Rubio lo recibió en Washington.
Ese encadenamiento de hechos sugiere que comenzó la transición venezolana hacia un gobierno elegido democráticamente. Sin embargo, con el triunfo de los demócratas en las elecciones de medio término en Estados Unidos y el control de ambas cámaras del Congreso desde enero de 2027, surge la duda de si ese resultado puede modificar un proceso que, más que en Caracas, se define en la Casa Blanca.
El consultor político Eugenio Martínez plantea que el punto de partida es evidente: Estados Unidos impulsa y supervisa los diálogos entre el gobierno y la oposición, por lo que también actuará como garante de los acuerdos que se alcancen. En su criterio, lo pactado responderá tanto a la política internacional de Washington como a la dinámica de la administración de Trump frente a la carrera electoral de 2028. Sobre ese marco, afirmó: «El Congreso, en líneas generales, no tiene ningún tipo de poder o facultad de cambiar la política exterior. Lo que sí está claro es que Venezuela va a ser parte de las demandas de transparencia que va a hacer el nuevo Congreso».
Las prioridades del Congreso
El congresista demócrata Robert García, que encabezará el Comité de Supervisión de la Cámara Baja, anunció cuatro investigaciones: el enriquecimiento de la familia Trump, los abusos del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la corrupción corporativa y los archivos Epstein. Eso no significa que sean los únicos temas, pero sí los prioritarios.
Más allá de esas pesquisas, Laura Dib, directora del programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), prevé que el Congreso también reclame rendición de cuentas sobre los acuerdos petroleros y mineros entre Estados Unidos y Venezuela. A eso se sumaría la exigencia de mayor transparencia sobre la auditoría que habría realizado KPMG a la cuenta del Tesoro estadounidense vinculada a los ingresos petroleros venezolanos que maneja Washington, además de las operaciones militares conjuntas en Apure y Bolívar y los ataques a las supuestas narcolanchas en el Caribe. Dib advirtió, además, que un aumento de la tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo podría desplazar el foco hacia asuntos internos y hacer que Venezuela pierda prioridad, según un hilo publicado en su cuenta en X.
A esto se suma que el tema de la transición en Venezuela es bipartidista. De acuerdo con los expertos, tanto demócratas como republicanos respaldan el retorno de la democracia y, al mismo tiempo, comparten intereses económicos. «Puede haber investigaciones, pero no van a ir en contra del concepto de los acuerdos petroleros negociados», opinó la analista política Carmen Beatriz Fernández.
Ese escenario abre la puerta a un desenlace menos contundente: más que una ruptura de los demócratas con las políticas de Trump sobre Venezuela, podría producirse un reacomodo. En otras palabras, que el negocio petrolero y la alianza energética y minera se mantengan sin cambios de fondo. «Creo que los acuerdos gruesos sobre el rol entre Venezuela y Estados Unidos es consensuado entre ambos partidos y eso, además, también lo ve así buena parte del liderazgo político venezolano», resaltó Fernández.
Elecciones ¿en 2027?
Tras varias idas y vueltas, Rubio afirmó esta semana que los comicios deberían realizarse «idealmente» en 2027. Para ello, todavía faltan reformas en los poderes judicial y electoral. La renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya está en marcha, mientras que para el Consejo Nacional Electoral (CNE) se prevé una convocatoria en las próximas semanas. Sobre ese punto, Rubio dijo que se «necesita un nuevo consejo electoral que sea de naturaleza administrativa y no política». Añadió: «Creo que tenemos buenos avances. Solo tenemos que estar al tanto de todo y asegurarnos de cumplir con estos plazos, porque una vez se establezca el consejo electoral se tendrán los elementos necesarios en su lugar».
El nuevo canciller Oliver Blanco, por su parte, evitó fijar una fecha para las elecciones, pero aseguró que se garantizará la participación de todas las fuerzas políticas. Aunque no lo dijo de manera expresa, aludió a la inhabilitación de líderes opositores por parte del chavismo en las últimas décadas, como ocurrió con María Corina Machado en los comicios de 2024. Ese es uno de los temas que discute la mesa de garantías políticas en la que, bajo el liderazgo de la Casa Blanca, el chavismo y la oposición negocian actualmente la transición.
Los analistas consultados coinciden en que unas elecciones en condiciones aceptables podrían organizarse en un plazo no mayor a dos meses, siempre que se tramiten las reformas a los poderes judicial y electoral. No obstante, Martínez advierte que cualquier discusión adicional generaría demoras. «Es imposible que el primer proceso electoral de la transición en Venezuela resuelva todas las omisiones de las últimas dos décadas. En este sentido, la oposición tiene que ser bastante pragmática al exigir condiciones y garantías», sentencia el analista.
¿Señales de una transición?
La llegada de Oliver Blanco a la Cancillería del chavismo admite dos lecturas que no se excluyen. Para Fernández, se trata de «un hombre puente entre dos sistemas», alguien «tremendamente habilidoso» formado en la escuela del diplomático Diego Arria y del exparlamentario opositor Henry Ramos Allup. Al mismo tiempo, la analista considera que la presidenta difícilmente lo habría nombrado sin la influencia del Departamento de Estado.
Martínez, en cambio, destaca su trayectoria: Blanco ganó visibilidad por sus vínculos con un sector de la oposición, pero luego se fue alejando de ese espacio para acercarse al entorno de Delcy y Jorge Rodríguez. A su juicio, llegó a la Cancillería por el interés de la presidenta encargada de designar funcionarios con los que Washington se siente cómodo.
La otra señal es el regreso de María Corina Machado, que para los analistas resulta decisivo. «No hubiera podido regresar a Venezuela si no hubiera una conversación en marcha«, afirmó Fernández. «Ha habido un trade-off, un intercambio de cosas importantes por cosas importantes», añadió. Martínez matiza el alcance de ese retorno y sostiene que puede actuar como catalizador, pero que «ni la oposición ni María Corina Machado por sí solos controlan los tiempos de la negociación», porque eso está en manos de la Casa Blanca.
De todos modos, el panorama sigue expuesto a riesgos. Para Fernández, Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, apuestan a que la economía mejore y les otorgue un mínimo de legitimidad. También esperan que Machado empiece a desgastarse ante la falta de un cronograma electoral claro y de la posibilidad de hacer campaña formal, mientras persisten los problemas del país.
Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, el chavismo ya no cuenta con margen para prolongar negociaciones interminables. Con Estados Unidos como tercer actor en la mesa, el partido de gobierno enfrenta hoy la misma incertidumbre que la oposición.
Por eso, las señales de las últimas semanas admiten dos lecturas. Pueden marcar el inicio de una transición con calendario claro, o bien un ajuste de piezas que cambie a los interlocutores sin alterar lo esencial. En términos de la frase del Gatopardo en la novela de Lampedusa, sería como «cambiarlo todo para que nada cambie».
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