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RESUMEN
MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) –
Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional y otras ONG han descrito como histórico el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que declara a Birmania responsable del genocidio cometido contra la población rohingya durante las operaciones militares de “limpieza” desarrolladas entre 2016 y 2017.
Para HRW, la sentencia, que es definitiva e inapelable, supone un “reconocimiento largamente esperado del sufrimiento que los rohingyas han padecido a manos del ejército de Birmania”, según señaló la abogada principal de Justicia Internacional de HRW, María Elena Vignoli.
Amnistía Internacional presentó la resolución del máximo tribunal de Naciones Unidas como una “victoria excepcional” para las víctimas y supervivientes, al destacar que el fallo de la CIJ reconoce judicialmente las atrocidades cometidas contra la población rohingya tras años de “negación, impunidad y supresión de la verdad”.
La secretaria general de la organización, Agnes Callamard, afirmó que se trata de una “conclusión inequívoca” que representa un avance histórico para las víctimas y sus familiares.
Desde Médicos sin Fronteras subrayaron el carácter pionero del caso, al ser la primera vez que un órgano judicial se pronuncia sobre si Birmania ha cometido un genocidio contra los rohingyas. “Este es un día de especial importancia para muchos rohingyas, muchos de los cuales son nuestros compañeros o pacientes que acuden a los servicios de MSF”, celebraron.
MSF añadió, no obstante, que “la persecución sistemática del pueblo rohingya no terminó en 2017”, ya que aún se les niegan algunos de “sus derechos más básicos, incluida la ciudadanía de la que fueron despojados en 1982”.
“Los rohingyas que permanecen en Rajine siguen sufriendo violencia selectiva, además de las consecuencias del conflicto más amplio”, apostilló el director de la ONG para Bangladés, Malasia y Birmania, Paul Brockmann.
El pronunciamiento judicial responde a la demanda presentada por Gambia contra Birmania por presuntas vulneraciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Para HRW, la resolución representa también “un precedente significativo” para las víctimas de genocidio y otros crímenes graves que buscan justicia en todo el mundo.
INSTAN A BIRMANIA A ACATAR EL FALLO “RÁPIDAMENTE”
Tras conocer la decisión de la CIJ, ambas ONG exigieron a Birmania que cumpla “rápidamente” con la sentencia y ponga fin a la opresión de esta minoría. También instaron a los gobiernos preocupados a tener en cuenta las conclusiones de los organismos independientes y los tribunales internacionales, respaldar a los rohingyas y aumentar la presión sobre la junta militar birmana para garantizar el cumplimiento del fallo.
Callamard exhortó a los líderes globales a no otorgar reconocimiento internacional a las autoridades militares del país y a suspender los suministros de armas, material de seguridad y vigilancia, así como la cooperación militar con Birmania.
En la misma línea, pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que establezca un embargo internacional de armas y remita la situación del país al Tribunal Penal Internacional. “El incumplimiento de este fallo solo envalentonaría al Ejército de Birmania en su desafío al derecho internacional y perpetuaría el ciclo de impunidad”, advirtió.
RETORNO SEGURO Y VOLUNTARIO DE LOS ROHINGYAS
HRW reclamó, por último, que se garantice el retorno de los refugiados rohingyas a Birmania en condiciones de seguridad y de forma voluntaria.
Amnistía, al insistir en que la resolución no debe cerrar la búsqueda de justicia, pidió reparaciones plenas y efectivas para las víctimas, junto con asistencia humanitaria continuada, oportunidades de reasentamiento y respaldo político y económico a los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.
Ambas organizaciones expresaron su esperanza de que la sentencia abra una etapa de responsabilidades judiciales en Birmania. Para ello, consideraron imprescindible investigar todos los crímenes internacionales, tanto pasados como actuales, y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
Las declaraciones llegan después de que la CIJ condenara este jueves a Birmania por cometer un genocidio en el marco de las operaciones militares llevadas a cabo entre 2016 y 2017 contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine, donde murieron alrededor de 10.000 personas.
La corte resolvió ahora que miles de estos civiles rohingyas fueron “asesinados de forma violenta durante operaciones de limpieza” en 2017, según anunció el juez Yuji Iwasawa, quien reconoció también ataques por parte de los insurgentes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA, por sus siglas en inglés) contra puestos de control militares y civiles.