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RESUMEN
El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana condenó a cuatro hombres a penas de entre cinco y diez años de prisión, al hallarlos culpables de integrar una estructura que sustraía de forma fraudulenta recursos del programa de asistencia social Quédate en Casa, aplicado por el Gobierno dominicano durante la pandemia del COVID-19.
En el caso de Daniel Villegas Aquino, alias Pocholo, la sentencia establece 10 años de prisión, el pago de una indemnización de RD$2 millones y una multa equivalente a 500 salarios mínimos del sector público.
Ambriori Encarnación Ubrí y Héctor Leury Ortiz de la Rosa recibieron condenas de siete años de prisión cada uno, además de una indemnización individual de RD$1 millón y multas equivalentes a 250 salarios mínimos del sector público.
Mientras tanto, Rikelvin Alcántara Reyes fue sentenciado a cinco años de prisión, al pago de una indemnización de RD$1 millón y a una multa de 100 salarios mínimos del sector público.
Las indemnizaciones fueron fijadas a favor de la entonces Administradora de Subsidios Sociales (Adess), hoy Dirección de Desarrollo Social Supérate, por los perjuicios ocasionados al Estado dominicano.
El tribunal dispuso además el decomiso de cerca de un millón de pesos ocupados a Villegas Aquino durante las pesquisas.
Cómo operaba la red
Según el Ministerio Público, los miembros de la estructura usaban datos personales y códigos de beneficiarios de los programas sociales para ejecutar transacciones fraudulentas mediante dispositivos electrónicos de pago, conocidos como verifones, vinculados a comercios.
La investigación, encabezada por los fiscalizadores Hernanda Arias Peña y Vicente Rodríguez Sánchez, permitió establecer el mecanismo empleado para sustraer recursos públicos destinados a la alimentación y a la asistencia económica de familias en condiciones de vulnerabilidad.
Durante los allanamientos fueron ocupados equipos electrónicos, dispositivos de procesamiento de pagos, memorias digitales, documentos y dinero en efectivo.
Esas evidencias, junto con los análisis forenses practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), respaldaron la acusación presentada ante el tribunal.
El Ministerio Público también sostuvo que los recursos obtenidos mediante las operaciones fraudulentas eran utilizados para adquirir bienes y desarrollar actividades comerciales con la intención de aparentar un origen lícito.
Los hechos fueron tipificados como estafa agravada, estafa electrónica, asociación de malhechores para cometer estafa contra el Estado dominicano y lavado de activos.
MP apelará cuatro absoluciones
El órgano acusador anunció que recurrirá las decisiones absolutorias dictadas a favor de Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando, Sergio Alexander Bidó Nova y Juan José Polanco Fernández, quienes también fueron procesados por su presunta relación con el expediente.
La institución entiende que hay fundamentos jurídicos suficientes para pedir la revisión de esas decisiones ante una instancia superior.
En el juicio, el Ministerio Público había solicitado penas de 20 años de prisión contra Villegas Aquino y Encarnación Ubrí, así como 15 años contra Ortiz de la Rosa y Alcántara Reyes.
Para Alcántara Matos, Mendieta Ogando y Bidó Nova pidió diez años de prisión, mientras que para Polanco Fernández pidió cinco años.
Además, solicitó el decomiso de tres vehículos incautados durante un allanamiento en la vivienda de Villegas Aquino y de los bienes ocupados en una intervención realizada en la residencia de Encarnación Ubrí.
La sentencia fue emitida por los jueces Edward Augusto Gerónimo Sánchez, quien presidió el tribunal, Blaury Luciano Ferreras y Luis Manuel Marte Leonardo.
Los condenados deberán cumplir las penas impuestas en la cárcel pública de San Juan de la Maguana y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña, conforme a lo dispuesto en la decisión judicial.
Mediante un comunicado de prensa divulgado este jueves 19 de noviembre, el Ministerio Público reiteró su compromiso de perseguir las estructuras dedicadas al fraude, la corrupción y otros delitos que afecten los recursos del Estado dominicano.