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RESUMEN
Santo Domingo, RD. La legislación dominicana establece varios destinos para las armas de fuego retiradas de circulación. Algunas pasan a depósitos oficiales y luego son destruidas, mientras otras permanecen ligadas a procesos judiciales o pueden asignarse para seguridad en instituciones del Estado, bajo condiciones específicas.
La Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, regula la remisión, custodia y destrucción del armamento incautado. No obstante, la destrucción no es la única salida posible, por lo que las armas ocupadas en operativos policiales no necesariamente llegan a las instalaciones de Metaldom.
El artículo 91 de esa normativa dispone que las armas de guerra sean enviadas a la Intendencia General de Material Bélico de las Fuerzas Armadas, mientras que las de uso civil reguladas por la ley deben ir al depósito del Ministerio de Interior y Policía (MIP) cuando no se haya ordenado expresamente su destrucción o confiscación.
Además, la Resolución MIP-RR-0008-2021 indica que la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas de Fuego, integrada por Interior y Policía, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la República, debe elaborar un protocolo de destrucción.
La diferencia entre un arma incautada y una decomisada es que la primera puede quedar retenida como parte de una investigación o de un procedimiento administrativo, mientras que el decomiso definitivo, conforme a la resolución MIP-RR-0006-2021, exige una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.
Eso implica que la ocupación de un arma durante un operativo no significa de forma automática que será destruida ni que ya pasó a ser propiedad definitiva del Estado.
En septiembre de 2025, el Ministerio de Interior y Policía explicó que, una vez concluido el procedimiento correspondiente impulsado por el Ministerio Público, las armas decomisadas son remitidas a esa institución para su custodia o destrucción, según corresponda.
¿A dónde van las armas decomisadas?
Destrucción bajo supervisión oficial
Una parte del proceso se ejecuta mediante jornadas de destrucción de armamento coordinadas por Interior y Policía, con apoyo de Metaldom y bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas de Fuego.
El 2 de diciembre de 2025, las autoridades informaron la destrucción de 3,945 armas y elementos relacionados, entre ellos pistolas, revólveres, escopetas, fusiles, armas de fabricación casera, piezas y cargadores.
Esto obedeció a un acuerdo firmado en 2020 entre el Estado dominicano, a través de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas de Fuego, y la empresa Gerdau Metaldom para destruir armas de fuego confiscadas, excedentes de inventario u obsoletas.
El convenio busca garantizar la destrucción adecuada de esas armas, impedir que vuelvan a utilizarse y evitar riesgos para el personal involucrado, la población y el medioambiente.
La normativa también exige que antes de destruirlas se registren las características físicas que permitan identificar cada arma, junto con los datos de sus propietarios o poseedores.
Las armas también pueden asignarse a instituciones públicas
Más allá de la destrucción, la regulación dominicana prevé que ciertas armas bajo custodia estatal puedan destinarse nuevamente a funciones oficiales.
La Resolución MIP-RR-0006-2021, emitida por Interior y Policía, establece un procedimiento para asignar armas de sus depósitos a militares y policías designados para ofrecer seguridad en instituciones públicas.
La disposición abarca armas decomisadas definitivamente, entregadas voluntariamente y otras que pasan a formar parte del inventario estatal bajo las condiciones previstas en la resolución.
Para recibir esas asignaciones, el personal debe pertenecer a un cuerpo policial o militar, estar designado a labores de seguridad y no contar con un arma de reglamento.
La institución solicitante debe presentar la documentación correspondiente, mientras Interior y Policía verifica la disponibilidad del armamento y emite la autorización respectiva.
Las armas asignadas solo pueden usarse en las funciones de seguridad autorizadas y deben devolverse cuando termine el servicio del beneficiario, salvo que se tramite una nueva asignación.
El INACIF puede conservar ejemplares para investigación
Otro destino previsto por la ley es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
El artículo 93 de la Ley 631-16 establece que, antes de destruir el armamento, el Ministerio de Interior y Policía debe retener un ejemplar por cada marca, modelo y calibre para formar una colección de referencia científica.
Esa medida permite conservar armas destinadas a respaldar investigaciones criminales, incluidas las vinculadas con el análisis e identificación de armas de fuego.
Los procesos judiciales también influyen en su destino
Las armas ocupadas como evidencias en investigaciones criminales deben permanecer sujetas a los procedimientos correspondientes hasta que las autoridades competentes determinen su situación legal.
Un caso ocurrió en febrero de 2025, cuando la Fiscalía de Santo Domingo Oeste entregó 94 armas de fuego al Ministerio de Interior y Policía, entre ellas seis armas de guerra. La entrega también incluyó 17,000 municiones introducidas de contrabando por el puerto de Haina.
Según la información oficial, esas armas estaban vinculadas a casos judiciales cerrados y fueron remitidas para continuar el procedimiento de decomiso.
Eso muestra que el traslado del armamento puede realizarse después de que termina el proceso judicial y no necesariamente al momento de la ocupación.
Más de 6,300 armas retenidas durante 2024
Las cifras oficiales muestran el volumen de armamento que las autoridades dominicanas sacan de circulación mediante operativos policiales, allanamientos, controles de licencias e investigaciones relacionadas con actividades delictivas.
Según un balance de la Fuerza de Tarea Conjunta, divulgado por la Presidencia de la República el 13 de enero de 2025, durante 2024 fueron retenidas 6,397 armas de fuego, además de 45,133 armas blancas.
Para septiembre de 2025, la Policía Nacional informó que había recuperado 5,700 armas de fuego en ese año. De ese total, 3,958 fueron clasificadas como ilegales, 364 tenían licencias vencidas y 1,228 estaban vinculadas a investigaciones judiciales.
En cuanto a 2026, un reporte oficial de criminalidad de la Policía Nacional, fechado el 13 de noviembre, registró 345 armas en su módulo correspondiente a noviembre. De ese grupo, 235 eran ilegales, 77 estaban bajo investigación pese a contar con documentación legal, 25 tenían licencias vencidas y ocho figuraban como robadas.