Defensa de regidor arrestado en Operación Rompeolas pide hábeas corpus por su detención

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La defensa del regidor Willy Manuel Zorrilla Domínguez, uno de los 22 detenidos durante la Operación Rompeolas, presentó una acción constitucional de habeas corpus para impugnar la legalidad de su arresto. Los abogados sostienen que las autoridades no cumplieron el plazo de 48 horas que establece la Constitución para llevar a una persona detenida ante un juez.

Mediante un comunicado, los abogados Emmanuel Rivera Rodríguez, Moisés Torres Pión y Juan Pablo Polo Cedeño informaron que depositaron el recurso ante la jurisdicción competente con el propósito de que se revise la privación de libertad de su representado.

De acuerdo con la defensa, Zorrilla Domínguez permaneció bajo custodia de las autoridades sin ser presentado de manera oportuna ante un tribunal, situación que consideran una violación del artículo 40, numeral 5, de la Constitución dominicana.

Los juristas señalaron además que los traslados del detenido entre distintas demarcaciones territoriales no interrumpen ni vuelven a iniciar el plazo constitucional de 48 horas.

Por esa razón, pidieron que se examine la legalidad del arresto y que se ordene su puesta en libertad inmediata si se determina que no existe un fundamento jurídico válido para mantenerlo detenido.

Denuncia de agresiones físicas

Los representantes legales del regidor también afirmaron que su defendido habría sufrido agresiones físicas durante el arresto, aunque el comunicado no detalla en qué circunstancias presuntamente ocurrieron ni cuál fue la naturaleza de las lesiones.

Agregaron que estos hechos fueron sometidos a la consideración de la jurisdicción para que sean evaluados conforme a las garantías constitucionales que protegen la integridad personal y la dignidad humana.

La acción judicial se apoya en los artículos 40 y 71 de la Constitución, el artículo 395 del Código Procesal Penal y el artículo 63 de la Ley 137-11, además de disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  • La defensa sostuvo que su solicitud no busca obstaculizar las investigaciones del Ministerio Público, sino asegurar el cumplimiento de los procedimientos previstos por la ley.

«No se trata de sustraerse a la justicia, sino de exigir que la justicia se administre conforme a la Constitución«, expresaron los abogados en el comunicado.

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