La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional ha rechazado la acción de habeas corpus presentada por el exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, en relación con su vinculación al controvertido caso Calamar. La decisión del tribunal significa que Peralta continuará en prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación sobre su presunta implicación en el mencionado caso de corrupción.
El caso Calamar ha capturado la atención del país debido a las serias acusaciones que involucran a diversas personalidades del Gobierno anterior, durante la administración de Danilo Medina. José Ramón Peralta, quien se desempeñó como Ministro de la Presidencia en ese período, fue detenido y sometido a prisión preventiva como parte de las medidas tomadas por las autoridades judiciales mientras avanzaba la investigación.
La jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, había dictado inicialmente la medida de prisión preventiva contra el exfuncionario, respaldando la decisión con fundamentos legales sólidos y motivaciones claras que explicaban la necesidad de la medida cautelar.
Los abogados del exministro Peralta, Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez, habían presentado un recurso de apelación ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, con la esperanza de revocar la prisión preventiva de 18 meses dictada por la jueza Romero. Sin embargo, dicho recurso también fue rechazado, reafirmando la decisión original de mantener a Peralta en detención preventiva mientras se esclarecen los hechos del caso.
El rechazo de la acción de habeas corpus presentada por la defensa de José Ramón Peralta ratifica la legalidad de su detención y la validez del proceso judicial en curso. Aunque la defensa ha argumentado que la prisión preventiva es arbitraria, el tribunal ha considerado que existen elementos suficientes para justificar dicha medida cautelar.
La investigación sobre el caso Calamar sigue en desarrollo, y se espera que las autoridades judiciales continúen recopilando pruebas, testimonios y realizando diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de todos los implicados en este escándalo de corrupción que ha conmocionado al país.
Es importante señalar que, durante todo el proceso, se respetarán los derechos constitucionales de José Ramón Peralta y cualquier otra persona involucrada en el caso. Se garantizará el debido proceso y la transparencia en las actuaciones judiciales para alcanzar una resolución justa y equitativa.
