En una decisión que ha generado polémica, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional han accedido parcialmente a la solicitud de variación de medida de coerción presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en el marco del caso Medusa.
Según el fallo emitido por los magistrados Luis Jiménez, Rosalba Garib y Delio Germán, Rodríguez tendrá la autorización de ejercer su profesión de abogado durante dos días a la semana, específicamente los días miércoles y jueves. Durante estos días, podrá asistir a su oficina en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, debiendo regresar a su residencia escoltado y acompañado por personal del Ministerio Público.
La resolución ha sido motivo de debate, ya que permite al imputado cumplir con sus obligaciones laborales y familiares. La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, expresó su respeto por la decisión del tribunal, pero señaló que evaluarán los próximos pasos en el proceso. Ortiz también opinó que el exprocurador fue privilegiado por esta decisión.
El caso Medusa, que involucra a 41 personas físicas y 22 empresas, acusa a los imputados de cargos que van desde funcionarios en coalición, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, hasta sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Entre los imputados se encuentran figuras prominentes como Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público; Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo; Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; Altagracia Guillén Calzado, exsubdirectora administrativa; Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad; y Miguel José Moya, exasesor.
Esta decisión judicial ha puesto en relieve la delicada relación entre el sistema judicial y los casos de corrupción de alto perfil, generando debates sobre la equidad en el tratamiento de los imputados en casos de esta naturaleza. El proceso continúa y se espera que se siga vigilando de cerca su desarrollo.
