El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha tomado una decisión firme y ha emitido una instrucción contundente al director general de Migración con el propósito de salvaguardar los intereses y la seguridad del territorio nacional. En esta ocasión, se le ha encomendado impedir el ingreso al país de dos ciudadanos haitianos, Juvenet Davance, también conocido como «Pastor Coco», y Francis Cineus.
La acción adoptada por el presidente encuentra su fundamento en el artículo 128 de la Constitución de la República, que le confiere las facultades necesarias para prohibir, cuando sea considerado conveniente para el interés público, la entrada de extranjeros al territorio nacional. Esta medida, sin lugar a dudas, se enmarca en el marco de proteger la integridad del país y de velar por la tranquilidad y el bienestar de sus ciudadanos.
Asimismo, cabe destacar que esta acción se alinea perfectamente con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 285-04, General de Migración, y su Reglamento de Aplicación, que otorgan a las autoridades competentes la potestad de impedir el ingreso al país de aquellos extranjeros que cuenten con antecedentes penales o que, a juicio de las mismas, puedan representar una amenaza para la seguridad nacional y los intereses fundamentales de la República Dominicana.
Es relevante mencionar que esta no es la primera vez que el presidente Abinader toma medidas de esta naturaleza. En el pasado, en septiembre de 2022 y en el mes de abril, ya se habían implementado acciones similares, prohibiendo la entrada al país de individuos vinculados a bandas en Haití y de ciudadanos haitianos que habían sido sancionados por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Estas decisiones demuestran el firme compromiso del gobierno dominicano con salvaguardar la integridad de su territorio y proteger a sus ciudadanos.
No obstante, es importante tener presente que las políticas migratorias son un tema complejo y delicado, y que su aplicación requiere un equilibrio entre la soberanía de un país y el respeto a los derechos humanos de los individuos. Cada medida adoptada debe ser cuidadosamente analizada y justificada para asegurar que esté en consonancia con las leyes nacionales e internacionales, y que no se incurra en discriminación o arbitrariedad.
En conclusión, la acción tomada por el presidente Abinader en esta ocasión refleja su firme compromiso con proteger la seguridad y los intereses de la República Dominicana, pero también pone de relieve la importancia de un enfoque equilibrado y fundamentado en el ámbito migratorio, que tenga en cuenta tanto los derechos de los ciudadanos como las obligaciones internacionales del país.
