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RESUMEN
La Corte de Apelación de Puerto Plata revocó el perdón judicial otorgado a Wander Franco por abuso sexual y psicológico contra una adolescente y le impuso tres años de prisión con ejecución suspendida.
El pelotero no tendrá que ingresar de inmediato a prisión, pero deberá ajustarse a las reglas que fije el juez de ejecución durante el período de suspensión. Si incumple esas condiciones, podría perder el beneficio y cumplir la condena en prisión.
La nueva decisión agrava su situación frente al fallo anterior, cuando un tribunal lo declaró culpable, pero lo eximió de cumplir pena mediante el perdón judicial. Además, mantiene abierto un proceso iniciado en 2023 que ha frenado su carrera en las Grandes Ligas.
- La Corte confirmó también los diez años de prisión impuestos a Martha Vanessa Chevalier, madre de la adolescente, hallada culpable de explotación sexual comercial de su hija y lavado de activos.
Ambos procesados no lograron revertir la declaración de culpabilidad que habían impugnado. Sin embargo, el Ministerio Público sí consiguió que se anulara el perdón judicial concedido a Franco, aunque los jueces no acogieron su petición de imponerle cinco años de prisión.
El fiscal José Martínez Montán valoró que la decisión favorece los planteamientos del órgano acusador, aunque precisó que primero deberán revisar la sentencia íntegra para determinar si procede presentar un nuevo recurso.
Sentenciados pueden apelar en casación
La resolución no cierra necesariamente el expediente. Tanto los condenados como el Ministerio Público pueden acudir a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mediante un recurso de casación, que es la vía siguiente para cuestionar la sentencia.
La Suprema puede rechazar el recurso y mantener la condena, decidir directamente cuando corresponda o anular el fallo y ordenar que la Corte de Apelación vuelva a conocer el caso con una composición distinta de jueces.
Una de las incógnitas es si el Ministerio Público insistirá en reclamar cinco años de prisión para Franco por la vía de casación. Esa definición será clave para establecer hasta dónde podría empeorar su situación judicial.
Si solo Franco recurre, su condena no podrá ser agravada. En cambio, si también impugna el Ministerio Público, se abriría esa posibilidad, siempre que sus argumentos jurídicos prosperen.
La madre de la adolescente también puede recurrir la sentencia que le impuso diez años de prisión. Su defensa alegó violaciones procesales para intentar anular la condena, pero la Corte rechazó esos señalamientos.
Las reglas procesales fijan un plazo ordinario de veinte días para formalizar la impugnación, contado a partir de la notificación de la sentencia.
Dos juicios y dos apelaciones
El expediente ha atravesado un largo recorrido. El 26 de junio de 2025, el Tribunal Colegiado de Puerto Plata declaró culpable a Franco y lo condenó a dos años de prisión, con suspensión condicional de la pena.
Esa decisión tampoco conformó a las partes. La defensa buscaba eliminar la declaración de culpabilidad, mientras el Ministerio Público pedía una sanción mayor. Chevalier, condenada en ese momento a diez años de prisión, también recurrió el fallo.
Los recursos llevaron a que el 9 de diciembre de 2025 la Corte de Apelación anulara la sentencia y ordenara un nuevo juicio ante jueces distintos. Con ello, el expediente volvió a primer grado y las condenas previas quedaron sin efecto.
El segundo juicio concluyó el 25 de mayo de 2026 con otra declaración de culpabilidad contra Franco, pero esta vez los magistrados le otorgaron el perdón judicial, figura que permite eximir de pena a una persona pese a haber sido declarada penalmente responsable.
Aunque el tribunal consideró demostrados el abuso sexual y psicológico, entendió que existían circunstancias particulares para concederle ese beneficio, entre ellas que también había sido objeto de chantaje y extorsión por parte de la madre de la adolescente.
El presidente de ese tribunal, José Ramón Núñez, calificó de «abrumadora» la carga probatoria presentada por el Ministerio Público, pero consideró procedente el perdón judicial por las circunstancias del caso.
La Fiscalía cuestionó luego esa interpretación y sostuvo que la figura había sido usada de forma incorrecta frente a hechos cuya gravedad no justificaba ese beneficio. La Corte acogió parcialmente ese planteamiento con la decisión de este jueves.
La Corte dejó en manos del juez de ejecución de la pena la fijación de las reglas que deberá cumplir Franco durante el período de suspensión, bajo supervisión judicial.
Si incumple esas obligaciones, el beneficio podría ser revocado y el pelotero tendría que cumplir los tres años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata.
El tribunal también le impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos y dispuso el decomiso de 2.1 millones de pesos ocupados durante un allanamiento a la madre de la adolescente.
Franco fue declarado culpable de violar el artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03, que sanciona el abuso sexual y psicológico contra personas menores de edad.
Una carrera paralizada
La nueva condena llega apenas un día después de que los Rays de Tampa Bay, equipo al que todavía pertenece Franco, terminaran subcampeones de la Serie Mundial tras perder ante los Cerveceros de Milwaukee. El pelotero, de 25 años, acumula más de tres años sin jugar en Grandes Ligas.
Su último partido fue el 12 de agosto de 2023, cuando comenzó a conocerse el caso que luego llegó a los tribunales. Franco había firmado en noviembre de 2021 una extensión contractual de once temporadas y 182 millones de dólares, pero desde julio de 2024 permanece en la lista restringida de MLB, sin recibir salario ni sumar tiempo de servicio.
Aunque los Rays no han anunciado la rescisión de ese contrato, el convenio colectivo de las Grandes Ligas contempla la posibilidad de terminar acuerdos por incumplimiento de las normas de conducta ciudadana y deportiva, bajo determinadas condiciones y procedimientos.
Su futuro en el béisbol estadounidense también enfrenta una posible sanción de MLB, que mantiene abierta una investigación independiente del proceso judicial. La política de la liga sobre agresión sexual y abuso infantil permite castigar a un jugador aun sin una condena penal, y reserva en principio esa facultad disciplinaria a la Oficina del Comisionado.
Después del segundo juicio, en mayo pasado, MLB informó que concluiría su investigación «en el momento oportuno», sin precisar si esperaría una sentencia irrevocable. Los Rays también calificaron el caso como grave y dijeron que seguirían colaborando con la liga.
La condena también supone un posible obstáculo migratorio. Las leyes estadounidenses prevén restricciones para otorgar visas a personas condenadas por determinados delitos considerados de gravedad moral. Por eso, una sentencia por abuso sexual contra una menor podría dificultar que Franco reciba autorización para trabajar de nuevo en Estados Unidos.
El propio Franco había admitido los riesgos que su conducta implicaba para su carrera. En conversaciones de WhatsApp atribuidas a él y presentadas por el Ministerio Público durante la investigación, advirtió que su equipo podía sancionarlo por relacionarse con una menor de edad. Pese a ello, expresó «me arriesgué y me encantó».
Los hechos juzgados se remontan a diciembre de 2022, cuando la adolescente tenía 14 años.