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RESUMEN
La derrota en las urnas frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha abierto un complejo panorama judicial para el senador y excandidato presidencial de la derecha brasileña, Flávio Bolsonaro. El dirigente político, quien abandonó Brasil por vía terrestre a través de la frontera argentina antes de abordar un vuelo internacional, enfrenta la reactivación de expedientes de peso y la apertura de nuevas investigaciones ante el Tribunal Supremo, justo cuando su inmunidad parlamentaria se encamina a su fecha de vencimiento en febrero, al no haber renovado su curul legislativa por competir por la primera magistratura.
El primer frente judicial corresponde a una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a sus nexos con el abogado Willer Tomaz, quien es procesado por irregularidades financieras. Las indagatorias, bajo la supervisión del magistrado Alexandre de Moraes, se derivaron de pericias telefónicas que detectaron movimientos de fondos catalogados como atípicos, relaciones con plataformas de apuestas digitales y pagos de viajes al exterior financiados por compañías ligadas al empresario, acusaciones que el senador ha rechazado argumentando que se trata estrictamente de vínculos de amistad.
El segundo expediente involucra presuntos delitos de corrupción, lavado de activos y evasión de divisas alrededor de la producción cinematográfica sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. La causa fue autorizada por el magistrado André Mendonça tras revelarse gestiones del senador para captar fondos millonarios con el banquero Daniel Vorcaro, de los cuales una parte sustancial terminó en cuentas de un fondo en Estados Unidos administrado por allegados familiares, lo que levantó sospechas de un posible desvío para provecho particular, extremo que la defensa califica como un simple patrocinio de carácter privado.
El panorama se agravó recientemente cuando el juez del Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ordenó a la Policía Federal abrir una indagatoria sobre un supuesto esquema de financiamiento extranjero ilícito para su campaña electoral. Las autoridades indagan presuntos acercamientos con redes y entidades estadounidenses para captar recursos a cambio de intereses vinculados a minerales críticos y tierras raras en territorio brasileño, práctica tajantemente prohibida por la legislación electoral que veda el financiamiento foráneo a contendientes políticos. La negativa del legislador a entregar sus pasaportes al término de los comicios provocó la inmediata anulación de sus documentos por orden del tribunal, acelerando una crisis institucional que mantiene en vilo al escenario político suramericano.
