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RESUMEN
La versión incluida en el acta policial levantada por el propio imputado seguía el formato habitual: “Al notar la presencia policial, el sospechoso abrió fuego y los agentes repelieron la agresión”.
Pero esta vez, los minutos captados por una cámara de seguridad de una vivienda en el callejón “El Bolsillo”, en el sector El Hatico, de La Vega, mostraron otra escena: un hombre con los brazos en alto antes de caer abatido.
El hecho ocurrió la tarde del 13 de junio de 2026 y derivó en un giro procesal poco frecuente dentro de la institución del orden público. Así consta en el expediente de solicitud de medida de coerción depositado por el Ministerio Público contra el mayor de la Policía Robin Rafael Márquez Payano, a quien acusa de homicidio voluntario con arma de fuego en perjuicio de Marqui Abraham García Gil (Maqui), de 25 años.
El video frente al acta policial
Según el Acta de Inspección de Lugar de fecha 13 de junio de 2026, levantada y firmada por el propio imputado, el Dicrim acudió al sector El Hatico, en La Vega, para ejecutar la orden de arresto número 2026-AJ0044559 contra “Marqui”, por su presunta vinculación con robos agravados. En ese documento, el oficial explicó la actuación de esta forma:
“…En momento en que se procedió a materializar su arresto, al notar la presencia policial, (Marqui) desenfundó un arma de fuego y enfrentó a la patrulla actuante, emprendiendo la huida, y luego lanzó el arma de fuego, tipo pistola (que resultó ser Glock 9mm) una para el patio de una casa…”.
No obstante, la investigación del Ministerio Público y la querella presentada en julio por los familiares de la víctima, Santos García Paulino y Patricia Gil Robles, desarmaron la coartada del oficial imputado con el archivo audiovisual.
Lo que muestra el video
El análisis del video reconstruye una secuencia cronológica precisa: a las 15:03:05 de la tarde, al verse acorralado en el patio, Marqui lanza la pistola que llevaba en la cintura hacia la propiedad vecina. Dos segundos después, a las 15:03:07 de la tarde, el joven aparece de pie con ambas manos levantadas. Luego, el mayor Márquez Payano entra corriendo y hace los dos primeros disparos; un tercero lo ejecuta cuando la víctima ya está indefensa en el suelo.
El informe de autopsia número 341-2026 del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) también respaldó la tesis del Ministerio Público. El documento determinó que el joven Marqui murió por “choque hipovolémico de etiología homicida, presentando un disparo a distancia intermedia directo al hemitorax izquierdo que laceró el corazón y la arteria aorta”. En contraste, la evaluación médica legal al imputado estableció que el oficial no presenta lesión física alguna.
Un caso observado a nivel nacional
La acusación contra el mayor Márquez Payano surge en medio de creciente alarma y debate social por el accionar letal de la Policía Nacional, ya que de acuerdo con registros periodísticos e institucionales, en lo que va de 2026 se contabilizan más de 115 muertes de ciudadanos a manos de agentes policiales bajo la tipificación de “intercambios de disparos”.
La frecuencia de estos hechos alcanzó niveles críticos durante los últimos dos meses: entre septiembre y finales de octubre, 104 jóvenes perdieron la vida en intervenciones de la patrulla policial en distintos puntos del país, para un promedio de casi tres muertes diarias que ha llevado a organismos de Derechos Humanos a denunciar la permanencia de ejecuciones extrajudiciales.
En los monitoreos de derechos humanos, Marqui figura entre unas 115 personas muertas a manos de la policía en lo que va de año en alegados “intercambios de disparos”.
En espera de la decisión
Con la solicitud de medida de coerción depositada el 22 de octubre, el Ministerio Público procura que al mayor Márquez Payano se le imponga prisión preventiva.
La muerte de Marqui ocurrió el 13 de junio. El 30 de ese mismo mes, el Inacif emitió el informe de autopsia y fueron realizadas entrevistas a varias personas, entre ellas a Zulema Violeta de León Abréu.
Más adelante, el 24 de julio, los padres del hoy occiso, Patricia Anacohana Gil Robles y Dantos García Paulino, presentaron formal denuncia ante la Fiscalía de La Vega contra el mayor Márquez Payano y otros miembros actuantes.
Luego del avance de la investigación y de la querella de los familiares, en octubre se obtuvo la autorización judicial que permitió el depósito y la formalización de la solicitud de medida de coerción el 22 de octubre.
De acuerdo con una nota informativa de la Policía, incorporada como prueba documental en el expediente del Ministerio Público, el hoy occiso Marqui poseía un historial delictivo con registros previos por violación a las leyes de drogas, control de armas, asociación de malhechores y robos agravados. El expediente acusatorio elaborado por el fiscal Pedro Rafael Gil Hidalgo sostiene, además, un principio de derecho constitucional: la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado no puede constituir una ejecución ni sustituir el debido proceso.
