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RESUMEN
Por Yulibelys Wandelpool
Abogada, especialista en derecho administrativo, compras públicas y derecho laboral
Un Estado moderno no solo responde a las crisis; trabaja para impedir que ocurran
Cada vez que un ciudadano pierde la vida en un hecho que involucra a un agente del Estado, la sociedad vuelve a formular la misma pregunta: ¿qué falló? La respuesta suele centrarse en la investigación, las sanciones y la determinación de responsabilidades individuales. Eso es indispensable y constituye una exigencia del Estado de derecho. Sin embargo, existe una pregunta igualmente importante: ¿qué pudo hacerse para evitar que esa tragedia ocurriera?
El reciente hecho ocurrido en Herrera, en el que un joven perdió la vida tras un incidente con un agente de la Policía Nacional, vuelve a colocar sobre la mesa un debate que trasciende ese caso particular. Más allá de lo que determinen las investigaciones, este hecho obliga a reflexionar sobre el papel de la prevención como eje de la gestión pública.
La verdadera fortaleza de un Estado no se mide únicamente por su capacidad para investigar después de una tragedia, sino por su capacidad para evitar que esta ocurra. La prevención no constituye un lujo administrativo; representa una de las políticas públicas más inteligentes, más humanas y también más eficientes.
La prevención como expresión de la buena administración: La Constitución de la República coloca a la persona humana como fundamento del Estado y obliga a los poderes públicos a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. Esa responsabilidad no se limita a reparar el daño cuando ya se ha producido; exige adoptar medidas razonables para impedir que ocurra.
Ese mandato encuentra desarrollo en la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, que orienta la actuación estatal conforme a principios como la eficacia, la eficiencia, la racionalidad y el servicio al interés general. Asimismo, la Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y la Ley núm. 498-06, sobre Planificación e Inversión Pública, reconocen la planificación como un eje esencial para una gestión pública orientada a resultados.
La buena administración comienza mucho antes de que ocurra una crisis. Comienza cuando las instituciones identifican riesgos, diseñan políticas preventivas, supervisan su ejecución, evalúan sus resultados y corrigen oportunamente las fallas detectadas.
Prevenir exige instituciones más fuertes: En materia de seguridad ciudadana, prevenir implica seleccionar rigurosamente a quienes ingresan a la Policía Nacional, fortalecer su formación continua, evaluar objetivamente su desempeño, garantizar su bienestar físico y emocional, establecer protocolos claros sobre el uso diferenciado y proporcional de la fuerza y asegurar mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.
Precisamente esos objetivos han orientado el proceso de reforma policial impulsado en los últimos años. Sin embargo, cada vez que ocurre un hecho como el recientemente registrado en Herrera, surge una pregunta inevitable: ¿están produciendo esas reformas los resultados esperados?
La reforma policial no puede evaluarse únicamente por la creación de nuevas estructuras, la aprobación de protocolos o la inversión en equipamiento. Su verdadero éxito debe medirse por su capacidad para reducir los incidentes que comprometen la vida, la integridad de las personas y la confianza ciudadana en la institución.
Cuando acontecimientos como este continúan ocurriendo, corresponde a las autoridades realizar una evaluación objetiva del proceso, identificar las debilidades que aún persisten y adoptar los correctivos necesarios. Toda política pública responsable debe ser susceptible de revisión. Evaluar no significa desconocer los avances alcanzados; significa reconocer que ninguna reforma puede darse por concluida mientras persistan hechos que evidencien oportunidades de mejora.
Estas medidas requieren inversión, pero su costo siempre será inferior al de una vida perdida, a la erosión de la confianza ciudadana y a las responsabilidades institucionales y jurídicas derivadas de actuaciones que pudieron haberse evitado.
La misma lógica trasciende el ámbito de la seguridad ciudadana. Resulta más eficiente mantener una infraestructura que reconstruirla tras un colapso; fortalecer la atención primaria en salud que enfrentar epidemias; proteger el medio ambiente que reparar los efectos de la degradación ambiental; y establecer controles preventivos contra la corrupción que perseguir los actos ilícitos cuando el patrimonio público ya ha sido afectado.
Las administraciones más eficientes no son aquellas que reaccionan mejor frente a las crisis, sino las que desarrollan instituciones capaces de anticiparlas, gestionarlas oportunamente y reducir su impacto.
Las investigaciones, las sanciones y la rendición de cuentas son indispensables cuando la ley se vulnera. Pero un Estado moderno no puede conformarse con actuar únicamente después de cada tragedia.
Cada hecho lamentable debe servir también para revisar si las políticas públicas están cumpliendo el propósito para el cual fueron diseñadas. La reforma policial, como cualquier proceso de transformación institucional, debe medirse por sus resultados y por la confianza que inspira en la ciudadanía.
La prevención no sustituye la justicia; la hace menos necesaria. Un Estado democrático debe investigar, sancionar y reparar cuando corresponde, pero su mayor responsabilidad consiste en construir instituciones capaces de evitar que los hechos lamentables ocurran. Gobernar bien no es reaccionar con eficacia después del daño; gobernar bien es anticiparlo y reducir la posibilidad de que suceda. Esa sigue siendo la política pública más inteligente, más humana y, también, la menos costosa.
