Santo Domingo — En una nueva jornada judicial vinculada al caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la defensa del exdirector de la institución, Santiago Hazim, solicitó formalmente la variación de su medida de coerción de prisión preventiva a arresto domiciliario, argumentando un delicado estado de salud.

Durante la audiencia de revisión obligatoria, el doctor Miguel Valerio, representante legal de Hazim, depositó ante el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, un certificado médico con el cual busca evidenciar que las condiciones clínicas de su cliente son incompatibles con su permanencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra.

Posición del Ministerio Público

Por su parte, el Ministerio Público se opuso de manera categórica al pedimento de la defensa. El órgano persecutor sostuvo ante el estrado que los presupuestos que motivaron la imposición de la prisión preventiva original no han variado, por lo que Hazim debe continuar recluido en dicho recinto penitenciario mientras avanzan las investigaciones.

Situación de los demás implicados

El magistrado Deiby Timoteo Peguero, quien ejerce el control de la investigación, encabeza también la revisión de las medidas cautelares que pesan sobre otros coimputados en el expediente:

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• Rafael Luis Martínez Hazim

• Gustavo Enrique Messina Cruz

• Germán Rafael Robles Quiñones

• Francisco Iván Minaya Pérez

• Ramón Alan Speakler Mateo

Todos ellos cumplen actualmente prisión preventiva en Las Parras, disposición dictada originalmente por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

En contraste, otros implicados en el proceso judicial continúan cumpliendo medidas menos gravosas:

• Cinty Acosta Sención

• Heidi Mariela Pineda Perdomo

• Eduardo Read Estrella (empresario)

Se espera que en el transcurso de la audiencia el magistrado Peguero evalúe las documentaciones médicas presentadas por la defensa de Santiago Hazim y emita su decisión sobre el futuro procesal de los imputados.