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RESUMEN
SANTO DOMINGO. Usuarios del servicio eléctrico denuncian que las reclamaciones presentadas ante las empresas distribuidoras de electricidad y posteriormente ante la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) están terminando, en numerosos casos, sin modificaciones de las facturas cuestionadas.
Las quejas se producen en medio de una creciente inconformidad por los montos facturados por las distribuidoras, principalmente de clientes que aseguran haber experimentado incrementos importantes sin que se hayan producido cambios significativos en sus hábitos de consumo.
El problema no se limita a las facturas. Consumidores consultados y denuncias realizadas públicamente señalan dificultades para obtener respuestas favorables luego de iniciar los procedimientos de reclamación establecidos por el sector eléctrico.
Cuando un usuario considera incorrecta una factura debe presentar inicialmente su reclamación ante la empresa distribuidora correspondiente. La empresa verifica el caso y emite una decisión.
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Si el cliente no está conforme con la respuesta, puede acudir a Protecom, dependencia de la Superintendencia de Electricidad encargada de conocer en segunda instancia las reclamaciones de los usuarios del servicio.
Sin embargo, consumidores aseguran que después de recorrer ambas instancias continúan recibiendo decisiones que mantienen los consumos y montos originalmente facturados, situación que ha provocado cuestionamientos sobre la efectividad del procedimiento de reclamación.
Entre las principales quejas se encuentran aumentos repentinos del consumo registrado, facturas considerablemente superiores a las habituales y diferencias entre lo que los usuarios aseguran consumir y lo registrado por los sistemas de medición.
También existen reclamaciones relacionadas con medidores, facturación estimada, cargos que los clientes consideran improcedentes, deudas que aseguran no reconocer y pagos que no aparecen aplicados.
Una de las dificultades señaladas por los usuarios se presenta al momento de cuestionar técnicamente el consumo registrado por la distribuidora.
En estos casos, mientras las empresas cuentan con registros de lectura, medidores y personal especializado para sustentar la facturación, el consumidor generalmente basa su reclamación en su historial de consumo y en la ausencia de cambios importantes dentro de su vivienda o negocio.
Clientes aseguran que aun cuando presentan esas explicaciones, las verificaciones realizadas no siempre concluyen con una modificación de la factura.
Las reclamaciones por el servicio eléctrico han adquirido mayor notoriedad ante las denuncias recurrentes de hogares y comercios que aseguran estar recibiendo facturas muy superiores a las que pagaban anteriormente.
La situación afecta especialmente a familias y pequeños negocios, para los cuales un incremento inesperado de la factura representa una presión adicional sobre sus presupuestos.
El procedimiento vigente permite continuar recurriendo las decisiones administrativas cuando el consumidor permanece inconforme. Sin embargo, hacerlo implica nuevas gestiones y prolonga la controversia por una factura que, mientras tanto, continúa formando parte de las obligaciones del cliente.
Las denuncias colocan nuevamente bajo atención el funcionamiento de los mecanismos de protección establecidos para los usuarios del sistema eléctrico y la capacidad de estos para resolver las controversias entre consumidores y empresas distribuidoras.
En medio del aumento de las quejas por facturación, usuarios reclaman no solamente explicaciones sobre los incrementos registrados, sino también mayor transparencia en las verificaciones y respuestas más efectivas cuando deciden impugnar los montos cobrados.
