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RESUMEN
Un proyecto de ley depositado en el Congreso Nacional plantea crear un régimen especial para la determinación, reconstrucción de la identidad y regularización de la documentación de personas que han desarrollado su vida con una cédula de identidad dominicana, pero que hoy enfrentan un limbo jurídico por impedimentos, suplantaciones o irregularidades registrales originarias.
La propuesta legislativa de la diputada Maribel Almánzar de Ogando procura llenar vacíos dejados por normativas anteriores, entre ellas la Ley núm. 169-14, que excluía de sus beneficios los registros con falsedad de datos.
Según el texto, más allá de errores o fallas burocráticas del pasado, estas personas han construido en el país una vida civil, familiar, laboral y económica legítima. Han contraído matrimonio, declarado hijos, adquirido propiedades, accedido a empleos y cuentas bancarias, y generado relaciones jurídicas que el Estado debe proteger.
La iniciativa también establece un régimen especial para reconstruir la identidad y renovar documentos de ciudadanos que enfrentan trabas por irregularidades o inconsistencias en el Registro Civil, con base en los preceptos constitucionales sobre dignidad humana, igualdad, nombre y personalidad jurídica.
Además, reconoce que las deficiencias históricas e institucionales del Registro Civil dominicano permitieron que muchos ciudadanos recibieran documentos oficiales bajo una presunción de legalidad que ahora les es retirada, con la consecuente vulneración de derechos fundamentales.
«No podemos permitir que las fallas del pasado sigan condenando a miles de personas a una muerte civil. Este proyecto de ley no busca premiar la ilegalidad, sino aplicar un principio elemental de justicia y seguridad jurídica: separar el hecho registral original de las realidades humanas, familiares y económicas que se consolidaron legítimamente a lo largo de décadas bajo el amparo de un documento del Estado», señalaron voceros de las organizaciones civiles que promueven la iniciativa.
El régimen propuesto dispone que la corrección de anomalías en los expedientes debe incluir un tratamiento jurídico justo para los actos ya realizados. Con ello, se busca garantizar la validez y oponibilidad ante terceros de los contratos, pensiones, títulos de propiedad y derechos filiales de los afectados y sus familias, al tiempo que se protege la estabilidad del sistema financiero y del ordenamiento civil dominicano.
Aspectos centrales del proyecto
- Protección de actos civiles realizados: reconoce la validez de los matrimonios, declaraciones de hijos, contratos financieros y propiedades adquiridas bajo la identidad cuestionada.
- Responsabilidad compartida del Estado: recuerda, bajo el precedente de la Ley 169-14, que muchas de estas situaciones se originaron por deficiencias institucionales y burocráticas del propio Registro Civil a lo largo de los años.
- Solución a vacíos de la Ley 169-14: la propuesta busca amparar los casos que quedaron excluidos en la legislación de 2014, en especial los registros con falsedad de datos o suplantación imputable al ciudadano, separando las sanciones legales del derecho a la identidad y al ordenamiento civil.
- Reconstrucción de la identidad: el régimen especial permitirá corregir los registros correspondientes y dotar a los afectados de documentación regularizada y jurídicamente acreditable.
El proyecto de ley se apoya en los preceptos constitucionales del derecho a la dignidad humana, la igualdad ante la ley, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al nombre y la nacionalidad.
