Autoridades mantienen clausuras e investigaciones contra negocios de capital chino

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Las autoridades dominicanas han intensificado el cierre de establecimientos comerciales de capital chino que incumplen las normas nacionales, en una ofensiva que ha sacado a la luz irregularidades fiscales, laborales, sanitarias y de seguridad estructural, además de operaciones industriales sin los permisos correspondientes.

Pro Consumidor ordenó la clausura temporal de seis negocios en el Gran Santo Domingo y mantiene otros dos bajo investigación para determinar si procede su cierre, luego de detectar infracciones vinculadas con la venta de productos sin registro sanitario y la exhibición de artículos para adultos en espacios visibles para menores.

Entre los establecimientos intervenidos aparecen Home Plus, AMG Mall, Plaza Neza, Tienda Rojo Star, Tienda Nuevo Mundo, Import y Export, Sol, Playa y Arena. La entidad, encabezada por Eddy Alcántara, sustentó sus acciones en las resoluciones 1934-26 y 1935-26.

Las medidas se suman a otras intervenciones que han dejado en evidencia la amplitud de los incumplimientos detectados en determinados negocios de capital chino.

Una fábrica sin permisos

El caso más reciente se registró en San Antonio de Guerra, donde las autoridades clausuraron la fábrica de cartón Cartesa, operada por ciudadanos asiáticos, por carecer de permisos de construcción, uso de suelo y funcionamiento.

El complejo estaba integrado por tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias.

Durante la inspección, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) halló un depósito clandestino de hidrocarburos. Las autoridades ocuparon un tanque con capacidad para 5,000 litros y retuvieron 1,000 galones de gasoil, con un valor conjunto estimado en 2.25 millones de pesos.

También se identificaron irregularidades en la contratación de trabajadores extranjeros, lo que llevó a la intervención de la Dirección General de Migración.

Millones en impuestos reclamados

Las fiscalizaciones tributarias han arrojado resultados de considerable magnitud.

En septiembre, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que había determinado ajustes fiscales superiores a 1,500 millones de pesos en comercios chinos, correspondientes a obligaciones tributarias de períodos anteriores.

Su director, Pedro Urrutia, aclaró que esas determinaciones no implican necesariamente dinero recaudado, debido a que los contribuyentes conservan el derecho de impugnarlas.

La Dirección General de Aduanas, en tanto, estableció diferencias impositivas por 66.4 millones de pesos entre enero y agosto de 2026, mediante catorce fiscalizaciones concluidas, mientras otras 51 seguían abiertas.

El problema se arrastra desde años anteriores. Entre 2020 y 2025, Aduanas realizó 139 auditorías al sector importador asiático que determinaron diferencias tributarias acumuladas de 4,509 millones de pesos.

  • Solo en 2025, las 49 auditorías efectuadas hasta el 23 de diciembre arrojaron diferencias por 1,592 millones de pesos.

Estas actuaciones permiten reclamar impuestos omitidos en operaciones anteriores, aunque los montos determinados no equivalen de forma automática a cobros efectivos.

Construcciones y derechos laborales

Las inspecciones también abarcan las condiciones de seguridad de las edificaciones. En 2025, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones dispuso clausuras por incumplimientos de normas constructivas, algunas de ellas prolongadas durante meses.

En el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo informó en octubre que había inspeccionado 101 establecimientos comerciales chinos y levantado 1,016 actas, entre ellas 42 infracciones enviadas a los tribunales.

Las irregularidades incluyeron incumplimientos del descanso semanal, pago de horas extraordinarias, bonificaciones y contratación de trabajadores extranjeros.

Las acciones oficiales también responden a las reclamaciones de comerciantes dominicanos que piden igualdad de condiciones tributarias y regulatorias.

El Gobierno afirma que la inversión extranjera es bienvenida, pero debe someterse a las mismas leyes que aplican a las empresas nacionales.

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