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RESUMEN
Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, detenido por su presunta vinculación con la planificación de un atentado contra el presidente Luis Abinader, podría recibir entre uno y dos años de prisión por amenazas de muerte, conforme al artículo 154 del nuevo Código Penal dominicano.
El Ministerio Público lo acusa de terrorismo y solicitó ayer tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. Según las informaciones difundidas por el órgano persecutor, la investigación está relacionada con presuntas amenazas contra la vida del mandatario y con la posible planificación de un atentado.
El artículo 154 sanciona a quien anuncie, por medio de palabras, escritos, imágenes, gestos o cualquier otro medio, su intención de causar daño a una persona, siempre que existan circunstancias que hagan verosímil la materialización de la amenaza. Además de prisión, el procesado podría recibir multas de tres a seis salarios mínimos del sector público.
Otras posibles calificaciones penales
Las amenazas forman parte de las figuras penales que podrían ser evaluadas, aunque la investigación también podría derivar en cargos de mayor gravedad si se confirma la existencia de actos materiales orientados a ejecutar un atentado contra el presidente.
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De acuerdo con el artículo 92 del Código Penal, el homicidio agravado contra el presidente de la República conlleva penas de 30 a 40 años de prisión. En tanto, el artículo 14 establece que la tentativa de una infracción muy grave puede castigarse como delito consumado.
Esta sería la calificación más extrema que podría aplicarse jurídicamente, pero tendría que demostrarse no solo la intención de causar la muerte del mandatario, sino también un principio de ejecución y que el resultado no se produjo por causas ajenas a la voluntad del autor.
Además, el artículo 380 prevé penas de 20 a 30 años de prisión por atentados que, mediante actos de violencia, pongan en peligro el carácter civil, republicano, democrático y representativo del Estado dominicano.
El Ministerio Público también podría valorar eventuales infracciones vinculadas con armas, explosivos o materiales peligrosos. No obstante, la investigación deberá diferenciar entre amenazas, actos preparatorios, acuerdos para cometer un atentado y actos de ejecución, porque cada conducta responde a requisitos jurídicos distintos.
El arresto
Según la documentación judicial, el presunto atentado habría sido planificado para el 6 de noviembre de 2026, durante la conmemoración del Día de la Constitución. Los organismos de inteligencia habían alertado sobre las supuestas intenciones del investigado.
De la Cruz Sosa fue arrestado el martes 3 de noviembre durante un allanamiento a su residencia, situada en la calle Joaquín Balaguer, sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Las autoridades también intervinieron la Ferretería Molina, establecimiento donde trabajaba hasta su detención. Se desconoce si fue desvinculado.
Durante los operativos, el Ministerio Público ocupó equipos electrónicos y sustancias químicas que serán sometidos a evaluaciones para determinar su relación con los hechos investigados. Los allanamientos fueron autorizados por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, a solicitud de fiscales de esa jurisdicción.
En la autorización judicial para ejecutar los allanamientos, el tribunal de Atención Permanente alude a una investigación sobre la presunta planificación de un «atentado terrorista» contra el mandatario.
El caso está ahora a la espera de que el tribunal fije la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.
