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RESUMEN
Santo Domingo. – El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) informó que la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, en funciones de Tribunal de Reestructuración y Liquidación, dispuso la apertura del proceso de liquidación judicial de Falconbridge Dominicana S. A. (Falcondo).
La medida quedó establecida en la sentencia número 975-2026-SSEN-00005, del 4 de noviembre de 2026, en la que el tribunal concluyó que no existen condiciones para continuar con la reestructuración de la empresa y ordenó su liquidación judicial, de acuerdo con la Ley núm. 141-15.
Con esta decisión, Falcondo pasa a un proceso supervisado por la justicia en el que serán identificados sus bienes y deudas, y se determinará la forma en que serán atendidas las reclamaciones de sus acreedores, conforme a la ley.
Para esos fines, el tribunal designó al licenciado Alis Medina como liquidador judicial. Él asumirá la administración de la empresa en sustitución de sus actuales administradores y gerentes, bajo la supervisión del tribunal.
Las personas y empresas a las que Falcondo les adeude dinero deberán presentar formalmente sus créditos dentro del proceso judicial, conforme a los procedimientos previstos en la Ley número 141-15.
Para hacerlo, contarán con un plazo de diez (10) días hábiles y francos, a partir de la primera publicación del extracto de la sentencia en la página electrónica del Poder Judicial.
Los acreedores deberán estar atentos a esa publicación para presentar sus reclamaciones a tiempo y hacer valer sus derechos.
La declaración de una deuda no supone su pago automático, ya que cada reclamación tendrá que ser examinada y atendida según las disposiciones legales aplicables.
El FONPER, en el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas para representar al Estado dominicano en Falcondo, continuará dando seguimiento al proceso judicial y adoptando las acciones que correspondan para proteger los derechos e intereses patrimoniales del Estado, con pleno respeto a las decisiones judiciales y a la legislación vigente.
