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RESUMEN
ASUNCIÓN (Servicios Especiales de Las Primicias). El Senado de Paraguay reanudó este viernes su sesión extraordinaria para definir si otorga un plazo de 72 horas solicitado por el mandatario Santiago Peña para preparar su descargo, en el marco del juicio político que enfrenta por presunto mal desempeño de sus funciones tras el colapso financiero de la entidad Ueno Bank.
El jefe de Estado paraguayo fundamentó su petición en la falta de tiempo suficiente para estructurar los argumentos jurídicos de su comparecencia, señalando que la notificación formal le fue entregada a altas horas de la noche del jueves junto a un expediente que contiene un libelo acusatorio de 15 páginas y unas 300 fojas de anexos documentales.
La solicitud del mandatario ha provocado marcadas divergencias entre las distintas bancadas de la Cámara Alta en Asunción. Sectores afines a conceder la ampliación argumentan la necesidad de blindar el debido proceso constitucional y prevenir eventuales demandas de nulidad o reclamos ante instancias jurisdiccionales internacionales. En contraste, legisladores opositores califican el planteamiento como una maniobra dilatoria y reclaman que los plazos procesales se cumplan de manera estricta e inmediata.
Para asumir su representación jurídica ante el tribunal parlamentario, Peña designó a los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. Ferreiro cuenta con el antecedente de haber encabezado la defensa técnica del expresidente Fernando Lugo durante el proceso de enjuiciamiento que culminó con su destitución en el año 2012.
El juicio político se activó formalmente luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad de 78 votos el libelo acusatorio y designara una comisión de ocho fiscales para sostener los cargos ante la Cámara de Senadores.
El trasfondo de esta turbulencia institucional radica en la intervención y posterior proceso de resolución de Ueno Bank, dispuesto a inicios de semana por el Banco Central del Paraguay ante graves fallas de solvencia. La quiebra de la institución dejó congelados ahorros privados e importantes colocaciones de fondos públicos, desatando protestas en las calles de la capital y una fractura política que llevó a Peña a presentar su dimisión formal al cargo. No obstante, al no reunirse el cuórum parlamentario necesario para aceptarle la renuncia, el mandatario continúa jurídicamente en funciones y sometido al procedimiento constitucional de destitución.
