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RESUMEN
La empresa Fábrica Cartesa rechazó las acusaciones de irregularidades que llevaron a la clausura de sus instalaciones en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, y aseguró que está legalmente constituida en República Dominicana, con sus registros comerciales vigentes y sus obligaciones tributarias al día.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la compañía cuestionó el procedimiento realizado el pasado 29 de octubre por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), y negó que su planta operara como una fábrica clandestina.
La reacción se produjo luego de que el MICM informara sobre la clausura de una fábrica de cartón operada por ciudadanos de origen asiático, por supuestas violaciones a las disposiciones sobre uso de suelo, autorizaciones comerciales y almacenamiento de combustibles.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, durante el operativo fue desmantelado un depósito irregular de combustible, donde se ocupó un tanque con capacidad para 5,000 litros y se retuvieron 1,000 galones de gasoil.
En el operativo participaron la Dirección General de Migración y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).
Esta última institución dispuso la paralización de las obras por presuntas violaciones a la Ley 687-82, mientras que Migración verificó la situación de los trabajadores extranjeros.
Cartesa sostuvo, sin embargo, que no es una empresa clandestina, sino una sociedad de inversión mixta constituida conforme a las leyes dominicanas, con Registro Mercantil vigente, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) y pago de impuestos al día.
Sobre el combustible hallado en sus instalaciones, la compañía explicó que estaba destinado exclusivamente al funcionamiento de su planta eléctrica y equipos industriales, y no a la comercialización ni al almacenamiento para terceros.
Indicó además que desde octubre de 2025 mantiene un contrato de suministro de combustible con la empresa Dominican Energy and Services, S.A., mediante el cual recibía el producto para sus operaciones.
La empresa también rechazó los señalamientos sobre contratación irregular de extranjeros y afirmó que los cuatro ciudadanos chinos que estaban en las instalaciones al momento de la intervención tenían visados vigentes hasta 2027.
En cuanto a los permisos de construcción y uso de suelo, Cartesa sostuvo que tenía documentación pendiente de entrega y que el 30 de octubre, a las 9:00 de la mañana, tenía previsto completar parte del proceso.
Aseguró que no había recibido una notificación formal de rechazo de los documentos presentados.
La compañía también cuestionó el procedimiento de clausura. Según su versión, el 29 de octubre, a las 9:00 de la mañana, se presentó en sus instalaciones un teniente coronel adscrito al CECCOM, quien no se identificó formalmente y cuya chaqueta solo tenía el nombre «Alberto».
Agregó que el funcionario regresó a las 4:00 de la tarde acompañado de representantes de la Dirección General de Migración y del MIVED. La empresa afirmó que la intervención se realizó sin una orden judicial y sin la presencia del Ministerio Público.
Otro de los puntos planteados en el documento fue la supuesta existencia de presiones de empresas competidoras del sector cartonero.
Cartesa aseguró que desde agosto recibe visitas de drones que, según denunció, sobrevuelan sus instalaciones y afectan su privacidad.
La compañía señaló que conoce cuáles serían las cuatro empresas fabricantes de cartón que, según su versión, estarían detrás de las acciones en su contra y que buscarían mantener el control del mercado dominicano.
De igual modo, denunció que personas se habrían presentado en sus instalaciones haciéndose pasar por vendedores y que algunas de ellas serían gerentes de clientes que posteriormente habrían intentado diversificar sus relaciones comerciales.
Cartesa manifestó que sus operaciones representan una inversión que genera empleos y contribuye a la actividad económica nacional. También sostuvo que busca competir en igualdad de condiciones con otras empresas del sector y rechazó cualquier intento de establecer monopolios en el mercado cartonero.
La clausura de la fábrica generó pronunciamientos diplomáticos.
El Gobierno de Estados Unidos respaldó la actuación de las autoridades dominicanas, mientras que la Embajada de China cuestionó las declaraciones estadounidenses y advirtió sobre el peligro de generalizar acusaciones contra los empresarios de esa nacionalidad.
La empresa concluyó su comunicado reiterando su disposición de cumplir con las leyes dominicanas y defender la libre competencia y la estabilidad de las inversiones en el país.
