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RESUMEN
BRUSELAS, 11 Nov. (EUROPA PRESS) –
La Unión Europea ha confirmado este miércoles que los Veintisiete siguen negociando el levantamiento de las sanciones impuestas a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de que la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, propusiera en febrero revisar las medidas restrictivas. Por ahora, no se ha alcanzado un acuerdo para retirarlas.
Preguntado por el estado de las conversaciones, un portavoz de la UE ha señalado a Europa Press que «los intercambios continúan en el Consejo y esas deliberaciones son confidenciales». España propuso a principios de año esta iniciativa, que continúa pendiente del consenso entre los Estados miembro.
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha confirmado que Kallas «propuso una revisión de las sanciones actuales» –que le impiden entrar en territorio europeo o la congelación de sus activos–, con el objetivo de «iniciar conversaciones y construir un consenso entre los Estados miembro», una iniciativa que incluye levantar las medidas restrictivas a Delcy Rodríguez «como actual presidenta interina en ejercicio».
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Asimismo, ha recordado que «cualquier decisión debe ser adoptada por unanimidad por los Estados miembro», sin aportar detalles sobre las posiciones de los distintos gobiernos ni precisar cuándo podría lograrse un acuerdo para modificar las medidas restrictivas.
RETICENCIA DE UNOS «POCOS PAÍSES»
La UE ha defendido también que las sanciones europeas contra dirigentes venezolanos «no son un fin en sí mismas», sino «una herramienta para fomentar el respeto de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho». Además, ha recordado que estas medidas se revisan periódicamente en función de los avances «tangibles y verificables» registrados en esos ámbitos.
«A medida que Venezuela adopte medidas para respetar las libertades fundamentales, la UE está dispuesta a utilizar todas las herramientas a su disposición para apoyar una transición hacia la democracia», ha añadido el portavoz europeo.
Este martes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, explicó a los medios que «una mayoría» de países del bloque apoya su propuesta de levantar las sanciones europeas contra Rodríguez, y que Kallas «está hablando con los pocos países que todavía tienen alguna duda o alguna reticencia».
El ministro insistió en que mantener las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela «no tiene sentido» en el actual contexto político venezolano, especialmente después de que la dirigente haya visitado varios países europeos, entre ellos Países Bajos e Italia, «con total normalidad» y sin que se hayan producido dificultades.
También sostuvo que la UE no suele «establecer sanciones para los presidentes de los países» y que, por ello, Nicolás Maduro «no las tenía». «La Unión Europea tiene que tener una interlocución, una voz también directa con Venezuela, como la tiene por ejemplo Estados Unidos. No veo por qué la Unión Europea tendría que quedarse atrás», defendió Albares.
LAS SANCIONES ACTUALES VENCEN EN ENERO DE 2027
La última renovación de las sanciones europeas contra Venezuela se produjo en diciembre de 2025, cuando los Veintisiete acordaron prorrogar las medidas restrictivas hasta el 10 de enero de 2027 ante la falta de avances en la transición democrática del país. Por ello, su vigencia deberá volver a examinarse en los próximos meses.
Tanto la renovación de las sanciones como su levantamiento requiere unanimidad. Además, la próxima revisión se producirá en un contexto marcado por las elecciones generales en España y la posibilidad de que un cambio de Gobierno modifique la posición española sobre la retirada de las sanciones a Rodríguez, una iniciativa defendida hasta ahora por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y rechazada por el Partido Popular.
Actualmente, las sanciones afectan a 69 personas vinculadas a las autoridades venezolanas, entre ellas dirigentes chavistas como Delcy Rodríguez y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, e incluyen la prohibición de entrar en territorio comunitario y la congelación de los activos que puedan tener en la Unión Europea.
