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RESUMEN
SANTO DOMINGO — La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha encendido el debate jurídico en torno a los límites constitucionales de la administración electoral. A través de un pronunciamiento emitido este domingo, la entidad advirtió que el procedimiento disciplinario iniciado por la Junta Central Electoral (JCE) contra firmas encuestadoras pone sobre la mesa una discusión fundamental sobre el respeto al principio de legalidad y la reserva de ley.
El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, enfatizó que el centro de la controversia no recae sobre el contenido o la metodología de las encuestas objeto de investigación, sino sobre la habilitación jurídica con la que cuenta el órgano electoral para imponer sanciones de carácter administrativo.
Los Puntos Clave del Pronunciamiento
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Principio de Reserva de Ley: FINJUS recuerda que los artículos 40.15 y 69.7 de la Constitución dominicana, sumados al artículo 4 de la Ley núm. 107-13, establecen que tanto la conducta infractora como su respectiva sanción deben estar consignadas explícitamente en una norma con rango de ley.
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Vacío en la Tipificación: Si bien la Ley núm. 20-23 regula la prohibición de difundir sondeos durante los ocho días previos a los comicios, la fundación señala que reglamentos internos de la JCE han introducido prohibiciones adicionales y sanciones graves —como la suspensión de registros por periodos de hasta un año— que no figuran de manera expresa en la legislación dictada por el Congreso Nacional.
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Prohibición de la Responsabilidad Objetiva: La institución advirtió que sancionar a una entidad sin acreditar fehacientemente su participación concreta en la conducta investigada vulnera las garantías básicas del derecho administrativo sancionador.
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Respeto a las Atribuciones de la JCE: La organización aclaró que su postura no busca menoscabar el rol regulador del árbitro electoral en aras de la transparencia y equidad de los comicios, sino recordar que toda actuación estatal debe subordinarse estrictamente al bloque de constitucionalidad.
Un Llamado al Congreso Nacional
Ante este escenario, FINJUS concluyó que recae sobre el Poder Legislativo la facultad de tipificar nuevas infracciones y establecer las sanciones correspondientes en materia de encuestas, cerrando el paso a la ampliación de tipos punitivos por la vía puramente reglamentaria.
Para la entidad, este proceso representa un momento oportuno para consolidar el Estado de derecho, garantizando que la protección de la integridad electoral marche de la mano con la seguridad jurídica y el respeto irrestricto al debido proceso.
