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RESUMEN
Organización alega que la medida vulnera la libertad de expresión y excede lo establecido en la Ley Electoral
Santo Domingo.– La controversia generada por el nuevo reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) sobre la publicación de encuestas electorales llegó este jueves al Tribunal Superior Electoral (TSE), luego de que la entidad Justicia Sin Fronteras sometiera una acción cautelar de extrema urgencia para intentar suspender la disposición.
La organización cuestiona específicamente el artículo décimo tercero de la Resolución 14-2026, mediante la cual la JCE prohibió la divulgación de encuestas y sondeos electorales fuera del período oficial de precampaña y campaña, fijando como límite el inicio formal del proceso electoral en julio de 2027.
El recurso fue depositado por el abogado Harrison Féliz, quien sostiene que la medida constituye una restricción no contemplada en la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral y que afecta derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y el pluralismo democrático.
En la instancia, los accionantes argumentan que el reglamento podría provocar “autocensura” entre medios de comunicación, analistas y firmas encuestadoras, además de limitar el debate público sobre el panorama político nacional.
La resolución aprobada por la JCE también establece sanciones para las empresas encuestadoras que incumplan la normativa, incluyendo suspensiones temporales e incluso la cancelación definitiva del registro en casos de reincidencia.
La medida ha generado un intenso debate jurídico y político. Sectores críticos consideran que la JCE estaría ampliando sus facultades reglamentarias más allá de lo dispuesto por la legislación vigente, mientras otros defienden la iniciativa bajo el argumento de que busca evitar campañas anticipadas y garantizar mayor equidad electoral.
El expresidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, sostuvo esta semana que el reglamento no prohíbe la realización de encuestas, sino únicamente su difusión fuera del calendario oficial de campaña. Sin embargo, reconoció que existe un debate constitucional sobre el alcance de la medida y planteó que el Tribunal Constitucional podría terminar fijando una posición definitiva sobre el tema.
La Ley 20-23 establece actualmente una prohibición para divulgar encuestas únicamente durante los ocho días previos a las elecciones, disposición que ya fue aplicada en los comicios de 2024.
