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RESUMEN
Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió este lunes al Gobierno presentar un plan de contingencia y modernización del sector arrocero, con presupuesto y calendario de ejecución, tras la derogación del Decreto 693-24, que establecía medidas de protección frente a las importaciones de arroz estadounidense.
En una reuda de prensa realizada el 12 de octubre, la organización propuso convocar una mesa nacional de negociación con productores, industriales y autoridades para evaluar las consecuencias de la decisión y acordar acciones inmediatas que preserven la rentabilidad del sector y garanticen precios asequibles para los consumidores.
El partido cuestionó que el presidente Luis Abinader eliminara, mediante el Decreto 635-26, una protección que había establecido en diciembre de 2024. A su juicio, el cambio evidencia contradicciones en la política arrocera y deja sin respuesta a los productores que confiaron en las garantías ofrecidas por el mandatario.
Según explicó el PLD, el decreto derogado contemplaba una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense libre de aranceles y un gravamen de 99 % para las importaciones que superaran ese volumen. La organización sostuvo que su eliminación se produjo en medio de reclamaciones de Estados Unidos sobre el cumplimiento del tratado comercial DR-CAFTA.
El PLD argumentó que la apertura comercial era conocida desde antes de que Abinader asumiera la Presidencia en agosto de 2020, por lo que su administración debía preparar al sector para el final del período de desgravación arancelaria, previsto para el 1 de enero de 2025.
También reclamó una evaluación pública de la política arrocera aplicada entre 2021 y 2026, que detalle los recursos invertidos, los avances en productividad, la evolución de los costos y las medidas adoptadas para mejorar la capacidad de competir de los productores nacionales.
“La derogación del decreto no puede significar que el Gobierno abandone a los productores a su suerte”, expresó la organización.
Entre sus propuestas figura que las autoridades divulguen los informes jurídicos que sustentaron tanto la emisión como la derogación del Decreto 693-24, las comunicaciones intercambiadas con Estados Unidos y las recomendaciones del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El partido planteó iniciar negociaciones formales con Washington para identificar mecanismos de cooperación, transición y apoyo compatibles con el DR-CAFTA. Advirtió que esas conversaciones deben evitar nuevas promesas de protección que posteriormente resulten imposibles de cumplir.
La propuesta incluye un programa extraordinario de modernización con financiamiento definido y metas verificables. Este abarcaría rehabilitación de canales de riego, mecanización, investigación agrícola, crédito, asistencia técnica y reducción de costos, con atención especial a pequeños y medianos productores.
El PLD pidió incorporar medidas transitorias para atender posibles pérdidas de ingresos y dificultades de comercialización derivadas de la apertura del mercado.
En defensa de su gestión, la organización afirmó que durante los gobiernos peledeístas se ejecutaron iniciativas de mejoramiento genético, nivelación de terrenos, rehabilitación de infraestructura y financiamiento. Según las cifras incluidas en el comunicado, los rendimientos pasaron de 4,127 kilogramos por hectárea en 2012 a 5,145 en 2019.
La nota también recoge cifras atribuidas a la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), según las cuales el sector comprende alrededor de 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos.
El partido sostuvo que las declaraciones de respaldo del Gobierno deben traducirse en medidas concretas. Su reclamo central es que el Ejecutivo presente un programa con recursos y plazos que permita sostener la producción nacional ante las nuevas condiciones de competencia.
