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RESUMEN
SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, señalado por su supuesta participación en un plan para atentar contra el presidente Luis Abinader, será retomada este viernes. El proceso fue aplazado tras la renuncia de su abogado.
El conocimiento de la medida está previsto para las 4:00 de la tarde, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte. Luego de la salida del abogado privado, el tribunal envió al imputado a la Defensoría Pública para asignarle un nuevo representante legal.
Se trata del segundo aplazamiento de la audiencia. En la primera ocasión no pudo conocerse por solicitudes vinculadas con la preparación de la defensa, y esta vez la salida del jurista obligó a asegurar que el acusado cuente con asistencia legal antes de continuar.
El Ministerio Público explicó que, de forma provisional, la calificación jurídica contempla un presunto intento de terrorismo y adelantó que pedirá prisión preventiva. La solicitud se sustenta en elementos que deberán ser presentados al tribunal durante el conocimiento de la coerción.
Según las investigaciones citadas en el expediente, las autoridades buscan determinar si existió una estructura de al menos 10 personas vinculadas a la planificación de un supuesto ataque contra el mandatario. Ese plan presuntamente se ejecutaría el 6 de noviembre, durante la conmemoración del Día de la Constitución en el Congreso Nacional.
En los allanamientos realizados en un apartamento del sector Vista del Valle y en la Ferretería Molina, donde trabajaba el imputado, las autoridades ocuparon dispositivos electrónicos y sustancias químicas que continúan bajo evaluación.
De la Cruz Sosa ha negado las acusaciones y afirmó ante periodistas que su intención era convocar una protesta ciudadana para el Día de la Constitución, no atentar contra el jefe de Estado.
El caso ha generado además manifestaciones frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde familiares, allegados y organizaciones populares han reclamado la libertad del joven y cuestionado las acusaciones en su contra.
