UNET pide al Gobierno medidas de apoyo para enfrentar alzas que afectan al transporte

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Santo Domingo, RD.-. La Unión Nacional de Empresas del Transporte (UNET) pidió este martes al Gobierno que tome en cuenta el efecto que los recientes ajustes económicos pueden tener sobre los operadores del sector y, sobre todo, sobre los millones de usuarios que usan cada día el transporte público para ir al trabajo, a los centros de estudios y a otras actividades.

El presidente de la entidad, Reynaldo Pérez Sánchez (Moreno), explicó que entre esas medidas están el aumento de los precios del marbete dispuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de RD$1,500 a RD$2,000 y de RD$3,000 a RD$4,000, así como la puesta en marcha de la inspección técnica vehicular, conocida como «la revista», prevista para el primer semestre de 2027.

A esos compromisos se añaden los incrementos en los peajes y en los precios de los combustibles, cuyos efectos pueden trasladarse a los costos de operación del transporte y, finalmente, reflejarse en lo que pagan los pasajeros por cada viaje.

Pérez Sánchez sostuvo que estas disposiciones deben ir acompañadas de medidas que beneficien al sector y protejan a los ciudadanos. En ese sentido, planteó como prioridad la revisión de los vehículos del transporte público y la adecuación de las unidades que ofrecen el servicio.

También pidió al Gobierno establecer los corredores de transporte que hacen falta y recordó que cualquier decisión que implique nuevos gastos para el sector debe considerar la capacidad económica de los usuarios, para evitar que sean ellos quienes terminen asumiendo el peso de los ajustes.

El presidente de la UNET afirmó que el Gobierno estableció en la Reforma de 2012 un impuesto de RD$2.50 con el propósito de contribuir a la descacharrización del país: RD$2.00 destinados a RD Vial y los RD$0.50 restantes para el retiro de vehículos chatarras.

Sin embargo, explicó que para ejecutar ese proceso existe un fondo acumulado desde la reforma realizada en 2012, proveniente de los recursos generados por la chatarra, por lo que entiende que no es necesario recurrir a nuevos recursos del Estado para financiar esa iniciativa.

Asimismo, aclaró que el proyecto de los corredores corresponde a una iniciativa privada en la que el Estado actúa como garante, mientras que los compromisos financieros deben ser soldados ante el Banco de Reservas.

En ese contexto, destacó la importancia de transparentar el origen, destino y manejo de esos recursos, así como de garantizar que los fondos recaudados cumplan con los fines para los que fueron creados, en beneficio de la modernización del transporte y de la ciudadanía.

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