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RESUMEN
Santo Domingo. El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 36-26, que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, con el objetivo de fortalecer el financiamiento del sistema nacional de manejo de desechos, promover la economía circular e incentivar el reciclaje en el país.
La nueva legislación establece una escala más amplia de contribuciones para las empresas, calculadas según sus ingresos brutos anuales. Las compañías de mayor facturación deberán realizar aportes superiores a los previstos en la normativa anterior, alcanzando un máximo de RD$2.2 millones para aquellas cuyos ingresos excedan los RD$2,500 millones.
Entre los cambios más relevantes figura que la contribución especial podrá deducirse del Impuesto sobre la Renta (ISR), además de que el pago se realizará en dos cuotas semestrales. Asimismo, la ley contempla que el Estado destine recursos equivalentes a lo recaudado por este concepto para fortalecer el sistema de gestión de residuos.
La reforma también mantiene medidas ambientales dirigidas a reducir el uso de materiales altamente contaminantes, como la prohibición de importar diversos productos elaborados con foam (poliestireno expandido) que no cuenten con certificación de biodegradabilidad, así como otras disposiciones para impulsar alternativas sostenibles.
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La pieza fue promulgada luego de completar su trámite legislativo en el Congreso Nacional, donde fue objeto de intensos debates. Durante la discusión, legisladores introdujeron modificaciones a la propuesta original para ajustar las escalas de pago y establecer un régimen transitorio para algunas empresas.
Pese a los cambios incorporados, la reforma continúa generando preocupación en sectores empresariales, que han advertido sobre el impacto económico del incremento en las contribuciones y han solicitado que la aplicación de la normativa preserve la competitividad, la libre empresa y la sostenibilidad de la inversión privada.
