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RESUMEN
Santo Domingo. Acceder a una vivienda propia en los principales centros urbanos de la República Dominicana se ha convertido en un desafío cada vez mayor para miles de familias. El constante incremento de los precios de los inmuebles, unido al déficit habitacional, el encarecimiento de los materiales de construcción y el aumento del costo del financiamiento, está reduciendo la capacidad de compra de la población y obligando a muchas familias a destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de alquileres.
El fenómeno afecta principalmente al Gran Santo Domingo, Santiago, La Altagracia y otras zonas de fuerte crecimiento económico, donde la demanda de viviendas continúa superando la oferta disponible. Como consecuencia, adquirir un apartamento o una casa exige hoy un esfuerzo financiero muy superior al de hace apenas unos años, mientras que el mercado de alquiler también registra aumentos sostenidos.
Especialistas atribuyen esta situación, en gran medida, al déficit habitacional del país, estimado por distintos estudios en más de 1.4 millones de viviendas entre necesidades cuantitativas y cualitativas. Cada año se crean nuevos hogares a un ritmo mayor que la construcción de viviendas, generando una presión constante sobre los precios del mercado inmobiliario.
A este panorama se suma el incremento en el costo de los terrenos urbanos, los materiales de construcción, la mano de obra especializada y las tasas de interés para financiamiento hipotecario. Estos factores han elevado considerablemente el precio final de las viviendas y han reducido la disponibilidad de proyectos dirigidos a familias de ingresos medios y bajos.
El efecto se extiende al mercado de alquiler. Ante la imposibilidad de comprar una vivienda, miles de familias permanecen durante más tiempo como inquilinas, aumentando la demanda de inmuebles disponibles y contribuyendo al incremento de las rentas. En numerosos hogares, el alquiler absorbe una proporción creciente del presupuesto familiar, disminuyendo la capacidad de ahorro y postergando aún más la posibilidad de adquirir una vivienda propia.
Economistas advierten que esta dinámica también impacta el consumo de los hogares. Cuando una familia destina una mayor parte de sus ingresos al pago de vivienda, reduce el gasto en educación, salud, alimentación, recreación y otros bienes y servicios, afectando su calidad de vida y limitando su capacidad para generar patrimonio.
Representantes del sector construcción consideran que revertir esta tendencia requerirá aumentar significativamente la oferta de viviendas, agilizar los procesos de aprobación de proyectos, facilitar el acceso al crédito hipotecario e incentivar el desarrollo de viviendas de bajo costo y de proyectos destinados al mercado de alquiler.
Mientras la construcción de nuevas viviendas no logre responder al crecimiento de la demanda, el acceso a una casa propia continuará alejándose para miles de dominicanos, convirtiéndose en uno de los principales retos económicos y sociales que enfrenta el país.