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RESUMEN
Hay una frase que reaparece en República Dominicana cada vez que se designan jueces de las altas cortes: «la justicia independiente». Se pronuncia con solemnidad, como si describiera un hecho verificable y no una aspiración. Es una de esas expresiones que, de tanto repetirse, termina adquiriendo categoría de verdad revelada.
La política, sin embargo, suele ser menos romántica.
Las altas cortes dominicanas nunca han nacido al margen del poder. Han nacido del poder. No de sentencias judiciales ni de concursos públicos, sino de decisiones adoptadas por un órgano eminentemente político: el Consejo Nacional de la Magistratura.
La historia lo demuestra.
En 1997, durante el primer gobierno de Leonel Fernández, el Presidente no controlaba el Consejo Nacional de la Magistratura. La mayoría correspondía a las fuerzas que dominaban el Congreso Nacional: el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano. Aquella histórica integración de la Suprema Corte de Justicia fue el resultado de esa correlación política, no de la voluntad exclusiva del Poder Ejecutivo.
Después cambiaron las mayorías.
Y con ellas cambiaron las altas cortes.
Cuando Leonel Fernández acumuló suficiente poder institucional, impulsó una conformación acorde con su visión del Estado. Cuando Danilo Medina obtuvo una mayoría cómoda en el Consejo Nacional de la Magistratura, también dejó su impronta en la integración de los tribunales superiores.
Ahora ocurre exactamente lo mismo.
Luis Abinader cuenta con una mayoría suficiente para ejercer esa facultad y la ejerce.
¿Alguien esperaba otra cosa?
Sería extraño que un presidente, teniendo la posibilidad constitucional de escoger a quienes ocuparán las más altas responsabilidades judiciales del país, optara deliberadamente por personas en las que no confía o con las que no comparte una visión institucional del Estado. Eso no ocurre en República Dominicana. Tampoco ocurre en Estados Unidos, Francia, España ni en prácticamente ninguna democracia donde los órganos políticos intervienen en la designación de los jueces constitucionales o de las cortes supremas.
La política funciona sobre la confianza. Siempre ha funcionado así.
Por eso sorprende menos la realidad que el esfuerzo por ocultarla.
Un ejemplo basta para ilustrarlo.
El actual presidente del Tribunal Constitucional posee una reconocida trayectoria profesional. Nadie discute sus capacidades jurídicas. Pero tampoco puede pasarse por alto que nunca perteneció a la carrera judicial. Antes de ser designado juez de la Suprema Corte de Justicia ejercía como abogado en el sector privado y compartía oficina con Eduardo «Yayo» Sanz Lovatón. Posteriormente pasó a la Suprema y hoy preside el Tribunal Constitucional.
No hay nada ilegal en ese recorrido.
Tampoco constituye una descalificación personal.
Simplemente evidencia que las designaciones de las altas cortes responden a criterios mucho más amplios que la carrera judicial. Intervienen las trayectorias profesionales, las relaciones de confianza, las afinidades institucionales y, naturalmente, la política.
Siempre la política.
Lo verdaderamente llamativo no es que Luis Abinader aspire a dejar unas altas cortes con el sello de su administración. Eso forma parte de la lógica del poder. Lo llamativo es que todavía haya quienes presenten ese proceso como si fuera completamente ajeno a esa misma lógica.
La independencia judicial no consiste en que los jueces sean desconocidos para quienes los designan ni en que aparezcan por generación espontánea. Esa es una ficción útil para los discursos, pero una ficción al fin.
La verdadera independencia comienza después del nombramiento, cuando el juez demuestra que es capaz de decidir conforme a la Constitución y a las leyes incluso si ello contradice las expectativas de quienes hicieron posible su llegada.
Confundir el mecanismo de selección con la independencia en el ejercicio del cargo es una ingenuidad… o una conveniencia.
Luis quiere su Suprema.
Como antes otros quisieron la suya.
Y probablemente el próximo presidente también querrá la suya.
No porque sean distintos.
Precisamente porque, en eso, todos terminan pareciéndose bastante más de lo que están dispuestos a admitir.
