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RESUMEN
Santo Domingo. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel Rafael Núñez de Aza, tras encontrarlos culpables de integrar una estructura de corrupción que operó desde organismos militares y de seguridad del Estado y que, según las investigaciones, provocó un perjuicio superior a los RD$4,500 millones.
La sentencia fue emitida por las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes determinaron que los principales imputados incurrieron en delitos de asociación de malhechores, desfalco, prevaricación, enriquecimiento ilícito, estafa contra el Estado, soborno y lavado de activos, entre otras infracciones.
Además de las condenas de prisión, el tribunal ordenó el pago solidario de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano como reparación por los daños ocasionados por la red de corrupción.
La pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez recibió una condena de 15 años de prisión, mientras que el general Julio Camilo de los Santos Viola fue sentenciado a la misma pena. Otros implicados recibieron condenas de entre tres y diez años de prisión, aunque algunos de los acusados fueron absueltos por insuficiencia de pruebas.
El Ministerio Público sostuvo durante el proceso que la estructura utilizó el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) para ejecutar un esquema de nóminas irregulares, pagos fraudulentos, contratos simulados y otras maniobras destinadas a desviar recursos públicos hacia beneficios particulares.
Las juezas concluyeron que las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas durante el juicio permitieron demostrar la existencia de una organización criminal que operó durante varios años dentro de instituciones estatales.
La Operación Coral, iniciada en 2021, se convirtió en uno de los casos de corrupción administrativa más emblemáticos de la historia reciente de República Dominicana debido al alto rango de los implicados y a la magnitud de los recursos presuntamente sustraídos. Con este fallo, la justicia dominicana emite una de las sentencias más severas dictadas contra altos oficiales militares procesados por corrupción.
