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RESUMEN
Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del Seguro Nacional de Salud (Senasa), continúa en conversaciones con el Ministerio Público para intentar llegar a un acuerdo que permita una solución alterna al proceso judicial que enfrenta por su presunta vinculación con el entramado de corrupción en esa institución.
La información fue ofrecida por su abogado, Billy Gerónimo, quien afirmó que su representado está dispuesto a colaborar con los investigadores y que existen posibilidades de arribar a un entendimiento con el órgano acusador.
Gerónimo indicó que esas conversaciones se mantienen desde el inicio del proceso y que su defendido ha mostrado disposición de contribuir con el Ministerio Público para buscar una salida al conflicto judicial.
«Existen todas las posibilidades de llegar a un acuerdo. Estamos en esa línea, eso es lo que se busca, pero hasta el momento no hemos definido nada», expresó Gerónimo al ser abordado por periodistas a la salida del tribunal.
El abogado sostuvo además que Guzmán Vásquez ha colaborado con las autoridades y que, si el Ministerio Público necesita información adicional, su cliente está en disposición de aportarla.
No obstante, precisó que todavía no se ha establecido el contenido ni las condiciones de un posible acuerdo, por lo que consideró prematuro ofrecer detalles sobre el alcance de las negociaciones.
Consultado sobre la posibilidad de que su defendido entregue bienes o recursos económicos como parte de una eventual negociación, Gerónimo respondió que este no posee propiedades ni dinero que pueda devolver.
Las declaraciones se produjeron después de que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, mantuviera la prisión preventiva contra Guzmán Vásquez, al entender que no han variado los presupuestos que dieron origen a la medida de coerción.
El imputado es señalado por el Ministerio Público de integrar una estructura que habría gestionado autorizaciones médicas irregulares en Senasa, dentro de un presunto fraude que habría causado un perjuicio al Estado dominicano superior a los RD$15,900 millones.
