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RESUMEN
Santo Domingo. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) anunció que apelará la sentencia que ordena al Ministerio Público pagar más de RD$7.5 millones al imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia, vinculado al caso de presunta corrupción administrativa en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
El órgano de persecución sostuvo que la decisión de la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario presenta «graves vicios procesales» y adelantó que utilizará todos los recursos legales para procurar su revocación.
Según explicó la PEPCA, la magistrada emitió el fallo pese a que había sido desapoderada del expediente desde el 24 de octubre de 2025, cuando el proceso pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que posteriormente conoció la audiencia preliminar y dictó el auto de apertura a juicio.
La indemnización fue ordenada por la incautación de un teléfono celular perteneciente al imputado, actuación que el Ministerio Público asegura se realizó dentro del marco de la investigación por presuntos actos de corrupción que involucra a los principales acusados del caso Intrant, entre ellos el exdirector de la institución, Hugo Beras, y el empresario Jochi Gómez.
La PEPCA considera que mantener esa decisión podría generar un precedente con repercusiones en futuras investigaciones penales, especialmente en aquellas relacionadas con delitos de corrupción administrativa, por lo que insistió en que la sentencia será impugnada ante la jurisdicción correspondiente.
Con la apelación, corresponderá a un tribunal superior revisar el fallo y determinar si confirma o revoca la condena económica impuesta contra el Ministerio Público.
