Analizando noticia con IA…espere un momento
RESUMEN
En República Dominicana, más de la mitad de las viviendas que se levantan cada año se construyen sin licencia de construcción, una señal de la informalidad habitacional que acompaña el crecimiento urbano del país.
El dato fue expuesto por Joan Guerrero, director de Políticas de Vivienda y Hábitat del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), durante un encuentro organizado por Ciudad Alternativa para revisar los avances y desafíos de las políticas de vivienda y hábitat en los últimos cinco años.
Guerrero explicó que el desarrollo urbano dominicano está determinado por la coexistencia de dos realidades: una ciudad formal, vertical y concentrada, y otra informal, horizontal y autoproductiva, que se expande sin una trama vial continua.
Déficit habitacional
Entre 2018 y 2024, el déficit habitacional bajó cerca de nueve puntos porcentuales, lo que equivale a unas 134,000 viviendas. Aun así, persisten carencias cualitativas importantes. Según expuso, el 97 % de las edificaciones con este tipo de déficit no dispone de agua adecuada y el 19 % carece de saneamiento apropiado.
El funcionario indicó que la dificultad para acceder a suelo urbano asequible también empuja a las familias al mercado informal. A ello se suman las limitaciones económicas y laborales.
El 57 % de los hogares de ingresos medios no puede costear la cuota de la vivienda formal más barata, mientras que el 54 % de la fuerza laboral está en la informalidad, lo que dificulta el acceso a créditos hipotecarios formales.
Impacto económico
Guerrero advirtió que la falta de planificación previa y la intervención tardía del Estado en las comunidades tienen un impacto económico considerable.
“Cuando el Estado llega tarde a una comunidad, su costo de intervención se triplica”, expresó el funcionario.
Como ejemplo, citó un proyecto de intervención de unas 1,900 viviendas en un barrio populoso del Distrito Nacional, cuyo costo se estima en 5,000 millones de pesos. De ese monto, el 32 % tendría que destinarse solo a demoler y mejorar estructuras construidas de manera precaria.
Ante esa situación, consideró necesario adelantarse a la ocupación del suelo mediante la planificación y el ordenamiento territorial, en vez de esperar a que los asentamientos se consoliden para intervenirlos.
Medidas anunciadas
Como parte de las respuestas a esta problemática, Guerrero explicó que el Plan Decenal de Vivienda incluye medidas ajustadas a las condiciones de la población. Entre ellas figuran permisos de construcción proporcionales al nivel de riesgo, normas técnicas simplificadas y asistencia técnica pública para los procesos de producción social del hábitat.
“El objetivo es detener el crecimiento urbano desorganizado, reducir los costos de las intervenciones estatales y avanzar hacia un modelo de ciudad planificado, compacto y policéntrico”, refirió Guerrero.
