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RESUMEN
Santo Domingo, RD — La tensión en el sistema de salud privado escala un peldaño más. Tras una asamblea en la que participaron representantes de 130 centros médicos, la Sociedad Dominicana de Clínicas Privadas (Andeclip) anunció la suspensión indefinida de los servicios médicos para los afiliados de ARS Primera y ARS Futuro, medida que entrará en vigencia a partir del próximo martes 14 de julio.
El presidente del gremio, el doctor Rafael Mena, aclaró que el cese de atenciones no abarcará los servicios críticos: las áreas de emergencias y unidades de cuidados intensivos (UCI) se mantendrán operando con normalidad para salvaguardar la vida de los pacientes. Sin embargo, advirtió que tras esta acción evaluarán si implementan medidas de presión similares contra otras administradoras de riesgos de salud.
Una medida de «subsistencia», defiende el gremio
El detonante de la suspensión es la exigencia de una indexación de tarifas por inflación, un reajuste que, según Andeclip, resulta indispensable para costear la operatividad actual de los centros sanitarios. Mena sostuvo que las clínicas operan bajo un margen muy estrecho y sufren incrementos constantes en sus gastos fijos.
«Le pedimos a la población que entienda que es una situación de subsistencia tanto para ellos como para nosotros», expresó Mena durante el encuentro.
El dirigente gremial detalló que los centros privados no reciben subsidios estatales, cargan con el peso de los impuestos y enfrentan alzas recurrentes en insumos básicos como la energía eléctrica, alimentación y los reajustes salariales del personal médico y administrativo, lo que vuelve insostenible el catálogo de precios actual. Asimismo, aseguró que este reclamo se ampara en los mandatos de ajustes tarifarios periódicos estipulados en la Ley 87-01 de Seguridad Social.
Seis meses de negociaciones estériles
Antes de tomar la decisión en asamblea, Andeclip intentó durante medio año destrabar la situación mediante mesas de diálogo con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y las propias ARS, sin obtener resultados favorables.
Mena calificó como insuficiente la última propuesta sobre la mesa: un incremento del 3% aplicable a los seis meses, seguido de un 5% al año, porcentajes que, a su juicio, están lejos de reflejar el aumento operativo del 108% con el que afirman deben lidiar las clínicas.
El pulso con la DIDA
La reacción institucional no se hizo esperar. La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) salió al paso para advertir que un conflicto financiero de esta naturaleza no puede traducirse en una amenaza o vulneración al derecho a la salud de los afiliados.
Ante este señalamiento, Mena ripostó catalogando como una «rareza» la postura de la DIDA, cuestionando si dicha entidad desconoce la vigencia y aplicación del marco legal de la seguridad social frente a la crisis financiera que acusa el sector prestador de servicios.
