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RESUMEN
SANTO DOMINGO — La justicia dominicana da un nuevo paso en la lucha contra la corrupción administrativa. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, depositó formal acusación en contra de 14 personas físicas y jurídicas implicadas en un millonario esquema de sobornos que supera los 108 millones de pesos.
El expediente fue recibido por la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien deberá apoderar en las próximas horas a un tribunal para la celebración del juicio preliminar. El organismo persecutor solicita apertura a juicio contra los implicados por los delitos de soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Anatomía de una red enquistada en el Estado
De acuerdo con la investigación, que arrancó a raíz de una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), la estructura operaba mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de dádivas a cambio de favorecer a empresas proveedoras de seguridad privada en distintas instituciones públicas.
Las pesquisas revelaron que la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), operando durante los periodos 2012-2020 y 2020-2025, canalizó pagos ilícitos que totalizan exactamente RD$108,080,359.92. Estas maniobras corruptas incluían tanto transferencias bancarias como la entrega de efectivo.
El objetivo principal de estos sobornos era garantizar la permanencia y vigencia de los contratos adjudicados a Senase, agilizar trámites y doblegar cualquier tipo de fiscalización o supervisión efectiva sobre los servicios contratados, drenando fondos del erario público con total impunidad.
Principales implicados en el expediente
El Ministerio Público solicita que respondan ante los tribunales los principales operadores de este esquema dentro de las instituciones públicas y del sector privado, entre los que figuran:
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Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Senase y de la razón jurídica El Niño Prodigio EIRL.
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Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur.
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Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Inaipi.
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Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
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Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, ambos ex encargados de seguridad de EdeNorte.
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Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi.
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Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.
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Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de SeNaSa.
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Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Asimismo, la acusación recae sobre las razones jurídicas Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL.
De la «Operación Lobo» a los tribunales
Este proceso judicial es el resultado directo de la Operación Lobo, ejecutada en julio de 2025, un operativo que permitió desarticular la red criminal arrestando a militares y civiles que socavaron los controles institucionales en beneficio de intereses particulares y en detrimento del patrimonio nacional.
